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Díaz afirma que es de "obligado cumplimiento" para las entidades financieras dar información sobre sus VPO a la Junta

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido este jueves el expediente sancionador abierto por la Administración regional a ocho entidades financieros al no poner a disposición de los registros de demandantes de vivienda sus viviendas protegidas, ya que "una ley aprobada por el Parlamento es de obligado cumplimiento".
En rueda de prensa posterior a la inauguración del encuentro Misión para el Crecimiento de Europa, celebrado en Sevilla con unas 900 empresas de 30 países, la presidenta de la Junta ha afirmado que este punto no fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central de manera que continúa vigente.
Así, Díaz ha explicado que una parte de la Ley de la función social exige a las entidades financieras que trasladen información a la Junta sobre las viviendas de protección oficial con que cuentan y es de "obligado cumplimiento".
Cabe recordar que la Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.
Según indicaron a Europa Press fuentes de la Junta, este procedimiento sancionador es similar al abierto contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por el incumplimiento sobre 911 viviendas protegidas en la Comunidad. Las fuentes han recordado que la Ley de Función Social de la Vivienda "establece la obligatoriedad de las entidades financieras de comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda un inventario de sus viviendas protegidas en Andalucía", ante lo que "una veintena de entidades han comunicado dicho inventario".
De esta forma, a partir de esta información, la Consejería de Fomento y Vivienda "ha acreditado que al menos ocho entidades financieras que operan en Andalucía, entre las que están los principales bancos españoles directamente o a través de sociedades de gestión de activos inmobiliarios, poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes", lo que supone un incumplimiento de la Ley de Vivienda Protegida, tal y como quedó redactada tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda.