ERC y SI advierten a Mas de que "la única solución" es la independencia" y que la Diada será un "clamor" en este sentido

La Diada de este año será un "clamor a favor de la independencia de Cataluña y no se celebrará en clave de pacto fiscal", ha aseverado la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en declaraciones a Europa Press, después de que Mas haya pedido a la sociedad "pronunciamientos explícitos" a favor del modelo de financiación, y haya considerado que el 11 de setiembre es una fecha idónea para reivindicarlo.

Así, Rovira ha defendido que tras el pronunciamiento del Parlamento catalán, que avaló por mayoría absoluta el pacto fiscal, desde su punto de vista, ya "no hacen falta más dosis de apoyo" al modelo sino que lo imprescindible es que el Ejecutivo autonómico empiece a trabajar para sentar las bases de la futura agencia tributaria catalana y única.

ERC ha insistido en que si el Gobierno de Mariano Rajoy rechaza o aplaza la negociación sobre la nueva financiación, la Generalitat debe emprender de forma unilateral la creación de una hacienda propia al margen del Estado.

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de SI, Uriel Bertran, quien ha considerado que el pacto fiscal está condenado al fracaso y ha advertido a Mas de que "la única solución posible es la independencia". "El 11 de setiembre será un clamor por la independencia", ha sentenciado Bertran en un comunicado.

Los independentistas también han reprochado al presidente autonómico que, a su juicio, persiste en pactar con el Estado cuando, en su opinión, esto se ha demostrado imposible, y le han exigido que "deje de marear la perdiz y atienda las necesidades del pueblo catalán".

SECTOR CONCERTADO

Por otra parte, después de que el presidente catalán no haya garantizado el pago al sector concertado tras los problemas de julio, Rovira ha pedido a la Generalitat los "máximos esfuerzos", y ha asegurado que cambiar el modelo de financiación evitaría estas situaciones.

Asimismo, la secretaria general de ERC ha avisado a Mas de que pide "un imposible" cuando exige que el fondo de liquidez no comporte un control político a las autonomías, y ha sentenciado que el propio decreto deja claro que acogerse a este instrumento supone la intervención del Estado sobre las comunidades.