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Una veintena de presos de ETA pide acogerse a beneficios con muestras de "arrepentimiento o pseudo arrepentimiento"

Tres casos ya están siendo tramitados en la Audiencia Nacional y todos siguen un mismo patrón, como avanzaron los 750 ex presos en Usurbil
Una veintena de presos de ETA ajenos a la 'Vía Nanclares' que agrupa a los internos disidentes de la banda han solicitado acogerse a beneficios penitenciarios de forma individual mostrando "arrepentimiento o pseudo arrepentimiento", según ha desvelado este miércoles el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.
"Tengo en este momento constatado cerca de 20 peticiones y realizadas ante el Juzgado, tramitadas realmente, tres. Hablamos de personas que no son de la 'Vía Nanclares', personas que en ningún momento hubieran hecho una solicitud individual de un derecho o beneficio penitenciario (porque ETA se lo prohibía)", ha dicho.
"Se está produciendo en el momento actual un cambio realmente importante", ha indicado el magistrado durante su participación en unas jornadas organizadas por la Unión de Guardias Civiles en la Universidad Camilo José Cela.
Allí ha hecho referencia a "las últimas declaraciones de los miembros (de ETA) digamos políticos, si queremos decirlo así, que están permitiendo la posibilidad a los 200 o 300 presos (de ETA) de que puedan solicitar beneficios, permisos penitenciarios, solicitudes específicas cosa que no venían haciendo".
"ESPERAR UN TIEMPO"
"¿Qué nos va a suponer?, Francamente, no lo sé", ha añadido al tiempo que ha opinado que habrá que "esperar un tiempo". "Tendremos que debatir, pero esta situación, repito, se está produciendo. Todas las peticiones tienen la misma terminología, los modelos son exactamente iguales, los mecanismos de arrepentimiento o pseudo arrepentimiento son exactamente iguales", ha explicado.
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Europa Press han explicado que excepto las tres que ya se encuentran encima de la mesa del juez, el resto son peticiones que han realizado a las direcciones de sus respectivas prisiones o en segunda instancia ante Instituciones Penitenciarias. En caso de que la Administración rechace sus pretensiones es cuando los presos tienen derecho a recurrir al juez.
Las mismas fuentes consultadas han indicado que en la mayoría de los casos son peticiones de progresión de grado. La mayoría de presos etarras se encuentran clasificados en segundo grado (el más habitual) o en primer grado (aislamiento). En caso de acceder al tercer grado podrían salir de prisión todos los días y regresar sólo para dormir.
Siempre según las mismas fuentes, entre los tres expedientes que ya se están tramitando se encuentra el de Gorka Fraile, interno en la cárcel de Badajoz. Según informó este martes la Cadena Cope, el juez José Luis de Castro, acaba de pedir informes a Instituciones Penitenciarias y al Instituto de Medicina Legal sobre este preso, condenado a 25 años de cárcel.
GORKA FRAILE ENTRE ELLOS
Solicita que se le aplique el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para poder ser tratado en libertad de una enfermedad. Se trata de la misma medida que en su día permitió la excarcelación del histórico etarra José Ignacio de Juana Chaos. Gorka Fraile afirma en una nota de su puño y letra "no ser ajeno al dolor " y "reconocer el daño causado". Pero, aunque "renuncia a los métodos utilizados en el pasado", ni rompe con ETA ni pide perdón a las víctimas.
El pasado 13 de abril, el expreso de ETA, Antton López Ruiz, alias 'Kubati' --que asesinó a la histórica dirigente de la banda Dolores González Catarain, 'Yoyes'--, propuso al colectivo de presos, EPPK, que, para avanzar en su excarcelación, hay que "recorrer la vía judicial, explotar la legalidad penitenciara y acogerse a todos y todo orden de beneficios".
Un mes antes, un grupo de 750 ex presos de ETA se unieron en el polideportivo de Usurbil (Guipúzcoa) para avanzar los pasos que dará el colectivo de internos de la banda para tratar de acabar con su dispersión. Según dijeron, "se materializarán de manera individual" tal y como les solicita Sortu, pero "serán decisiones colectivas, igual que lo han sido las anteriores".
Este planteamiento redunda sobre una estrategia ya fracasada en multitud de ocasiones anteriores por el rechazo de los tribunales y la Administración.