EUPV se querella contra Calatrava y exaltos cargos por prevaricación, malversación y fraude en el Centro de Convenciones

Así consta en el escrito, presentado el pasado viernes y dirigido al juzgado de instrucción número 5 de Castellón, en el que relata una serie de hechos que son los que en su día expusieron ante Fiscalía los diputados de la formación Marga Sanz, Marina Albiol y Luis Torró, aunque en 2001 el fiscal jefe de Castellón archivó las diligencias de investigación penal que había incoado.

Ahora ha formulado la ampliación de querella ante el juzgado que está investigando supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón, por que el que el arquitecto recibió 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del edificio, cuya ejecución la Generalitat dejó en suspenso por la crisis económica.

El juez ha imputado además de a Calatrava a quien fuera el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó Martínez --a quien cesó el Consell unos días después de conocerse su imputación--; al técnico Javier de Diego Calero y a Fernando Benzo por su trabajo en la oficina de Calatrava.

A juicio del diputado de EUPV Ignacio Blanco, Calatrava y los ex altos cargos de la Generalitat Valenciana "que le contrataron y le pagaron tienen mucho que explicar ante el juez". "Incluso Alberto Fabra, que era alcalde de Castellón, debería decir por qué se modificó el programa de necesidades, que supuso un encarecimiento de un proyecto que finalmente nunca va a ver la luz pero por el cual los valencianos ya hemos pagado 2,7 millones de euros", ha apuntado.

"AYUDAR A QUE SE HAGA JUSTICIA"

Según Blanco, la querella presentada para personarse como acusación popular "está perfectamente documentada, con todos los contratos, con todo el expediente e incluso con los informes técnicos en contra de hacerle el pago a Calatrava". Con ello, creen que "va a ayudar a que se haga justicia".

En la querella sostienen que el contrato adjudicado a Calatrava lo fue por el procedimiento negociado sin publicidad, sin que esté justificado en el expediente; no se acredita que éste fuera el único arquitecto que pudiera realizar el objeto del proyecto; señala que la práctica habitual es realizar un concurso de ideas para elegir el proyecto más idóneo; se vulnera la Ley de Contratos que establece que en estos casos será necesario solicitar la oferta de empresas capacitadas para realizarlo sin que el número sea inferior a tres y afirma que no consta la existencia del pliego de prescripciones técnicas.

Además, alega que en la contratación, la empresa pública pese a sostener incumplimiento del contrato por Calatrava, la empresa pública pagó los honorarios pactados y asumió una modificación sustancial del contrato no justificada en razones de interés público y sostiene que las autoridades y funcionarios que intervinieron se concertaron con el arquitecto "para alterar el sistema de contratación pública", beneficiando a su empresa. Por último, sostiene la existencia de defraudación a Hacienda porque cree "indudable" la sujeción de los pagos al IVA --aunque la empresa de Calatrava está en Suiza-- pero no consta que se ingresara cuota alguna por ellos.