Encausados y la CUP reclaman que la Generalitat se retire de las causas contra activistas

Colectivos de encausados por protestas sociales y la CUP han lanzado una campaña para exigir que la Generalitat se retire como acusación particular de las causas contra activistas, como los casos de Can Vies, de las huelgas generales del 29M y el 14N, y de la de la visita del entonces presidente Artur Mas a la UdG.

Bajo el lema 'El Estado acusa, la Generalitat se encarniza', la campaña se ha presentado este martes en rueda de prensa en la plaza Sant Jaume de Barcelona con la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, el activista Iván Fajardo y la abogada Anaïs Franquesa.

Gabriel ha destacado que la iniciativa nace de una exigencia social y que la CUP lleva ocho meses exigiendo la retirada de la Generalitat: "Como grupo parlamentario, seguiremos haciendo todo lo posible en cada momento para lograrlo".

Ha destacado que la crisis ha llevado a las clases populares a luchar en la calle: "No es concebible que la Generalitat defienda los intereses de unos pocos y ataque a las personas que reclaman dignidad".

Los activistas y los manifestantes en protestas sociales son los que construyen las "auténticas estructuras de Estado", que son la libertad, la democracia y un sistema socioeconómico justo, por lo que siempre tendrán a la CUP a su lado, ha añadido.

Fajardo ha detallado que, además de las causas de Can Vies, de las huelgas generales y la de la visita de Mas a la UdG, la campaña exige la retirada de la causa por una protesta en solidaridad con los presos en Lleida y otra por la línea de muy alta tensión (MAT) en Girona.

"La beligerancia de la Generalitat contra las luchas sociales contrasta con la permisividad que tienen ante casos de corrupción y abuso policial", como los casos Millet, Palau, Quintana y Benítez, ha dicho.

Según ella, la Generalitat sólo se persona como acusación particular en casos de protestas sociales, y, en cambio, protege a los privilegiados: "Nos ha declarado la guerra".

Franquesa ha defendido que hay "motivos políticos" tras la personación de la Generalitat en estas causas, y ha recordado que el 31 de mayo está previsto un juicio contra cuatro manifestantes de Can Vies para el que la administración catalana pide siete años de cárcel, mientras que el fiscal solicita uno y medio.

"Persiguen en función de quién es y no de lo que hace, y prueba de ello es el caso Palau", y ha añadido que, presentándose en este tipo de causas, la Generalitat pervierte la figura de la acusación particular.