Entra en vigor en Venezuela la reforma centralizadora entre quejas de la oposición

La reforma a la Ley de Descentralización impulsada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, permitirá al Gobierno central retomar el control de los puertos, aeropuertos y vías de comunicación que considere de interés nacional y hasta ahora en manos de las administraciones locales.

Aprobado por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, el texto entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial y después de que Chávez lo firmara anoche.

Según el presidente, esta reforma impedirá que "la República se desmembre" y que los gobiernos regionales se conviertan en "republiquitas" autónomas dentro del Estado.

Los activos más destacados cuya administración podrá volver al Gobierno central son los puertos y aeropuertos de los estados de Carabobo y Zulia, ambos gobernados por la oposición.

El partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) denunció en la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas lo que definió como "golpe de Estado sistemático" del presidente venezolano.

"Denunciamos a Chávez de intentar generar zozobra con este golpe de Estado sistemático a la Constitución y a la soberanía popular, al desconocer competencias" de alcaldes y gobernadores elegidos en los comicios municipales y regionales del pasado 23 de noviembre, dijo a los periodistas Óscar Pérez, dirigente de ABP.

"A golpe y porrazo, dándole una patada a la mesa, sin esperar siquiera que se sancionara esta inconstitucional reforma, el Gobierno asumió el control de facto" de esas instalaciones en zonas cuyas autoridades "no son afectas a la gestión de Chávez", remarcó Pérez.

Chávez "está provocando la confrontación entre venezolanos" por lo que la oposición pidió a los representantes de la OEA "que interpongan sus buenos oficios ante el secretario general (el chileno José Miguel Insulza) para que active todos los mecanismos necesarios de diálogo y resolución de conflictos", añadió.

Previamente, el alcalde mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, aseguró que, además de acudir a la organización internacional, la oposición activará recursos de denuncia ante organismos jurisdiccionales del país e intentará convocar un referendo sobre la decisión tomada.

El alcalde alegó que el problema no es que la reforma permite al Gobierno el control de vías de comunicación, sino "hasta dónde se respeta las decisiones del pueblo", que ya rechazó este punto en el referendo celebrado a instancias de Chávez a finales de 2007, a través del cual intentó ese y otros cambios a la Carta Magna.

"¿De qué sirven todas las elecciones si luego no se respetan los resultados?", se preguntó Ledezma esgrimiendo en la mano un ejemplar de la Constitución de 1999 a la que, remarcó, se le ha dado "otro arponazo más".

Ledezma, que tachó de "arbitrariedad" y "desfachatez" las amenazas de Chávez de usar la fuerza armada contra los alcaldes y gobernadores contrarios a la reforma, participó al final de la tarde en Caracas en una concentración de rechazo a la iniciativa gubernamental.

Ayer, el dirigente opositor Henrique Capriles afirmó que la recién aprobada reforma no quita poder a gobernadores o alcaldes sino al pueblo, ya que "atenta contra el reparto de poder".

"No es un tema de quitar el poder a un gobernador o a un alcalde, se trata de quitarle el poder al pueblo, cuando se atenta contra el reparto de poder a quien se perjudica es el pueblo", aseveró Capriles, gobernador del estado Miranda.

Añadió que a los venezolanos "les costó mucho" lograr el reparto de poderes para que "las decisiones no se tomen sólo en Caracas y en cabeza del presidente".

Uno de los principales argumentos utilizados por el oficialismo para respaldar la reforma es que en los puertos y aeropuertos bajo administración opositora se instalaron "mafias" que potenciaron "el contrabando, el narcotráfico y la corrupción".

En respuesta, el gobernador de Zulia, Pablo Pérez, aseguró que las últimas embarcaciones venezolanas detenidas con droga en alta mar por las autoridades españolas y holandesas zarparon del puerto de La Guaira, bajo control gubernamental.