Envían a la Audiencia Nacional los contratos con Cofely en el Hospital Universitario de Burgos

El objetivo es que el Juez Eloy Velasco incluya esta conexión con Burgos dentro de las investigaciones e instrucción que desarrolla para desmadejar este entramado de corrupción empresarial y política en toda España.

Los castellanistas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, especifican que Cofely es la empresa clave, por el número de contratos y volumen económico manejado, de este entramado de corrupción y filial en España de la multinacional francesa GDF Suez. El juez Eloy Velasco ha implicado en la operación a su director general, Didier Maurice; Constantino Álvarez, jefe comercial; José Antonio Hernández, jefe de operaciones, y a Pedro García, director comercial.

Esta empresa figura como la principal beneficiaria de contratos sobre Climatización y Eficiencia Energética, gestionando servicios difícilmente objetivables, obtenidos por un importe superior al coste, recompensando a "conseguidores", políticos y técnicos con comisiones millonarias.

El PCAS denunció que Cofely reconoce en su web la instalación integral de los Servicios de Climatización del HUBU, entre sus seis actuaciones más destacadas en España. Según la contabilidad de Eficanza, nombre comercial de la UTE 'Nuevo Hospital de Burgos', esta actuación, presupuestada en 17.049.772 euros, finalmente costó 21.020.717 euros (casi un 25% más) que se embolsó Cofely. Posteriores modificados en la construcción del HUBU hacen que esta empresa se llevara en total por sus actuaciones en el HUBU por importe cercano a los 25 millones de euros.

CRÍTICAS A LA JUNTA

Los castellanistas critican que la Junta de Castilla y León, que afirmó que sus contratos con Cofely, solo sumaban 5,7 millones de euros, evite dar explicaciones por un gasto mucho mayor -25 millones de euros- en el HUBU, siendo la totalidad de los mismos dinero público.

El PCAS critica también a los responsables de Sanidad de Castilla y León por afirmar que son actuaciones estrictamente privadas de la empresa concesionaria, ya que, según advierte, todo el dinero implicado en la construcción, mantenimiento y gestión del HUBU es público, y sale de los impuestos de los ciudadanos de Castilla y León.

Su puesta en marcha duplicó sus costes, pasando de 242 millones de euros a costar 528, con canon anual que ha pasado de 38 millones de euros durante 30 años a 71 millones en 2015. Así mismo, los castellanistas recuerdan que se sienta en el Consejo de Administración de Eficanza el señor Baudilio Fernández-Mardomingo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, como antes lo hacía su antecesor, el hoy senador del PP Jaime Mateu.

El PCAS discrepa de la tesis de Eficanza, que niega "relación alguna con Cofely", afirmando "que contrató los servicios de Electricidad y Climatización con varias UTEs" y que "en 2011 dos de esas empresas (Crespo y Blasco y Axima) fueron adquiridas por Cofely, asumiendo las condiciones y obligaciones contractuales de las empresas adquiridas".

"Obviamente hay relación entre Cofely y el HUBU, ya que el hoy detenido por presunta corrupción, Maurice Didier, máximo responsable de la empresa, era también consejero y presidente de Crespo y Blasco SA, y de Axima (empresas intermediarias de Cofely) desde el comienzo de las obras del HUBU. Así mismo, según el responsable de Producción y Organización Técnica de Cofely, esta empresa desarrolló la Climatización del HUBU desde Febrero de 2008 hasta Junio de 2012, en total, 4 años y 5 meses.

Los castellanistas burgaleses confían en que el Juez Velasco de la Audiencia Nacional aclare el entramado de empresas vinculadas con la 'Operación Púnica', que trabajaron para el HUBU, así como las sucesivas subcontrataciones de servicios y obras a terceras compañías, que realizaron a menor coste determinadas actuaciones, maximizando así el beneficio de Eficanza y de sus proveedores de confianza.

Los castellanistas trasladan además a la Audiencia Nacional su petición de una investigación exhaustiva "que dé garantías a una ciudadanía alarmada que ve cómo cantidades ingentes de dinero público se dilapida en obras y contratos sin el más mínimo control, supervisión y fiscalización, mientras amplias capas sociales están cada vez más desatendidas y precarizadas por unas reglas económicas que crean una desigualdad cada vez más intensa".