Exalcalde y actual edil de Zurgena (Almería) se enfrenta a un nuevo juicio por autorizar 41 viviendas

El juicio llega mientras que Trabalón, el único de los imputados que sigue activo en política, está a la espera de que el Juzgado de lo Penal 3 dicte la sentencia de la vista oral celebrada hace tres semanas y tras la que el fiscal elevó a definitiva su petición 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación acusados de prevaricar al autorizar la edificación de 202 viviendas presuntamente sobre suelo no urbanizable en La Alfoquía.

En el caso que se va a enjuiciar este martes tras varios aplazamientos, la Fiscalía pide para el exregidor, para su exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, y otros cuatro exconcejales penas de seis meses de prisión, multa de 14 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. A las mismas penas se enfrenta el técnico F.S.G., quien habría emitido un informe técnico favorable "a sabiendas de su injusticia".

Junto a ellos, se van a sentar en el banquillo de los acusados los administradores de la mercantil 'Promociones Las Cañaicas S.L.', la pareja I.G.F. y F.M.L., a quienes el Ministerio Público imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio ya que, según sostiene, además de construir 41 viviendas con conocimiento de que el suelo no era urbanizable, levantaron "otras doce edificaciones sin licencia municipal alguna que las amparase" aunque estas no están acabadas, según matiza.

Interesa para ambos penas de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.

Las 41 licencias para las que sí se concedió permiso en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zurgena cuando Trabalón era alcalde con el voto favorables de los ediles acusados "pese a tener conocimiento de que conforme a la legislación vigente estaban proyectadas en suelo no urbanizable", fueron vendidas mediante contratos privados de compraventa por I.G.F. y F.M.L. a terceras personas, en su mayoría ciudadanos de origen extranjero.

El Ministerio Público va a interesar en la vista oral que se acuerde la demolición de lo edificado con indemnización a cargo de los constructores para las personas que hayan celebrado contrato de compraventa en la cuantía de la cantidad pagada. También va a solicitar que como administradores de esta mercantil, con sede en Albox, que costeen la ejecución del derribo.

UNA TREINTENA DE BRITÁNICOS AFECTADOS

En febrero de 2011, la jueza ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena, como a la entidad aseguradora del arquitecto procesado, en calidad de responsables civil subsidiarios y civil directo, para que formulase el correspondiente escrito de defensa. Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular

Daba, así, respuesta, a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.