Exalcaldes de Otura (Granada) aceptan condenas de 16 y 7 años de inhabilitación por prevaricar

En el juicio que estaba previsto en la Audiencia de Granada sus abogados y la Fiscalía han alcanzado un acuerdo de conformidad, por lo que las pruebas no han llegado a practicarse. En el caso también estaban imputados la actual concejal en el Ayuntamiento de la localidad María Dolores Dobaño y los exediles María Antonia López Bascuñana e Ignacio Pérez Cabrera, que también han llegado a consenso con el Ministerio Público.

Según los términos del acuerdo, que se plasmarán en la sentencia que ahora tiene que redactar el tribunal de la Sección Segunda, Fernández-Sanz es responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, por los que será condenado a 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 4.320 euros.

Cabanillas y Pérez Cabrera han aceptado una pena de siete años de inhabilitación y multa de 3.240 euros, y las dos exconcejales dos años de inhabilitación y multa de 675 euros, los cuatro por un delito continuado de prevaricación urbanística.

Además, todas las partes personadas han acordado la nulidad de los actos prevaricadores y de la resolución de Alcaldía que permitió la operación, según ha señalado el presidente del tribunal, el magistrado José Juan Saenz Soubrier, quien ha recordado que la sentencia se redactará en el sentido del acuerdo y que, en caso contrario, ésta podrá ser recurrida en apelación.

Esta vista se ha celebrado después de que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ya condenara a los dos exalcaldes en enero del pasado año a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público junto a otros dos exediles por la compra de un solar para la ampliación del Ayuntamiento, condena que obligó a Cabanillas a presentar su dimisión como alcalde, puesto que ahora ocupa la también 'popular' Lola Plata.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para Cabanillas dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que el Ministerio Público también solicitaba para los otros ediles, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. El fiscal elevaba además las penas para al exalcalde del municipio y actual edil del grupo no adscritos Ignacio Fernández-Sanz al que acusaba además de un tercer delito de prevaricación ordinaria continuada, por lo que se enfrentaba, antes del acuerdo alcanzado, a 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, "conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario" a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue "sin la previa finalización de las obras", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este extremo, según el fiscal, "les había sido advertido por parte de la técnico municipal" en un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde, que además, "prescindieron del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad", pese a que la "omisión" también fue advertida por el secretario.

Del mismo modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local "también de forma unánime" votó favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización y "con idénticas infracciones legales", puesto que no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico.

La concesionaria de la obra pública de urbanización pidió al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable que alertaba de "importantes defectos y omisiones", entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente con el voto unánime de todos sus miembros, acordó la recepción de las obras "sin ninguna referencia a su carácter parcial", condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.

LA DECISIÓN DE FERNÁNDEZ-SANZ

Al transcurrir tan sólo 15 días y en virtud de un escrito de la empresa en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde de Otura tomó la decisión de poner fin al procedimiento, "cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización" y el 14 de noviembre ordenó a la técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.

Ésta, que constató que seguían sin presentarse documentos esenciales, volvió a informar en contra de la recepción, pues no se ajustaba a las fases del plan parcial y se incumplían algunas de las condiciones puestas por la Junta de Gobierno Local, pero, pese a esto, el alcalde, "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables", dictó una resolución en la que dio por subsanadas los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas. Ya el 20 de noviembre, a pesar de la nueva reticencia del técnico municipal, firmó el acta de recepción de la totalidad de las obras.