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Exconseller valenciano se enfrenta a hasta 15 años de cárcel en la causa por las ayudas a la Fundación Cyes

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, exsíndic del PP en las Corts y actual diputado No Adscrito en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por la pieza separada por un presunto fraude en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en el tercer mundo, dentro del conocido como 'caso Cooperación'.
Blasco se enfrenta a hasta 15 años de cárcel la máxima pena reclamada para él en esta primera pieza por parte del PSPV, que ejerce como acusación popular.
De este modo, las penas solicitadas para el exconseller --que comparte banquillo contra ocho procesados más-- oscilan entre los once años de prisión que le pide la Generalitat de la que en su día formó parte y los 15 del PSPV, más las multas y la inhabilitación. La Fiscalía, por su lado, reclama 14 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias e inductor de falsificación documental.
El resto de acusados son el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la extinta Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás. Las máximas penas solicitadas son para el exconseller y para Sanjuán.
Fiscalía sostiene en su calificación provisional que Tauroni, considerado el presunto cabecilla de la trama, era "amigo personal" de Blasco --extremo que el diputado siempre ha negado-- y, de hecho, a través de éste se enteró de la convocatoria, en enero y marzo de 2008, de subvenciones para ONGs.
Tauroni se puso en contacto con Marcial López, de la Fundación Cyes, al que le propuso presentarse a las convocatorias de Solidaridad a cambio de obtener un 25 por ciento de cada una de las subvenciones que le concediera a la fundación. Para lograr este beneficio, Tauroni utilizó la mercantil Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L., sociedad adquirida en octubre de 2007.
Con el objeto de presentar las solicitudes a las subvenciones, Tauroni y López se reunieron varias veces, así como con personal de la Conselleria, desde donde se les asesoró sobre la documentación a presentar, "gracias a la intervención o con la medicación del consejero Rafael Blasco", se indica en el mismo escrito.
Así, en junio de 2008, López presentó las solicitudes para dos subvenciones: Abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso, en Nicaragua; y Producción de alimentos con enfoque de 'soberanía alimentaria' en Nicaragua. En estas solicitudes ya se incumplían dos de los principales requisitos: no se concurría con ninguna otra ONGD con sede en la Comunidad; y en ningún momento se acreditó la experiencia previa exigida.
Ante estos incumplimientos, y pese a haber modificado documentos Tina Sanjuán, técnicos de la Conselleria rechazaron en el Comité de Valoración aprobar las subvenciones. Ante esta situación, Blasco ordenó ese mismo día convocar a estos técnicos por la tarde, y en este encuentro les "exigió" la entrega del acta, y les dijo que quienes debían interpretar si estaba o no acredita la experiencia de la Fundación Cyes eran él o Catalá.
"CON ÁNIMO DE AMEDRENTARLES"
Ante la nueva negativa, Blasco --según el mismo escrito-- les dijo, "con ánimo de amedrentarles", y con la finalidad de poder resolver la convocatoria a favor de la fundación, que iba a revisar todos los expedientes que habían tramitado.
Como consecuencia de esta situación, Tina Sanjuán se dedicó a recabar más documentación para justificar la experiencia de la entidad, creada 'ad hoc' por López, quien "ni estuvo ni ha estado nunca en Nicaragua". Una vez conseguida el acta, Blasco aprobó la resolución de las dos subvenciones el 22 de agosto de 2008, por valor de 1.666.819,86 euros. Y además, el 11 de septiembre, pese a no haberse reformulado los proyectos, la Generalitat ya le ingresó el dinero en las cuentas corrientes habilitadas. Y ese mismo día, Tauroni cobró su parte.
Del total del dinero aportado, la fundación compró tres inmuebles y una plaza de aparcamiento por valor de 805.000 euros, cantidad que con la reforma y gastos ascendió a 969.875,74 euros. En contraprestación, únicamente se transfirió a Nicaragua 43.000 euros por los dos proyectos, es decir, el 2,5 por ciento del total de las subvenciones. Este hecho era conocido por Blasco, Sanjuán y Llinares.
Seguidamente, la fundación intentó justificar con facturas "de manera falsaria" gastos en Nicaragua que no se habían llevado a cabo. El 6 de octubre de 2010, tras hacerse pública esta compra de pisos, Blasco ordenó elaborar un certificado donde figurasen las facturas admitidas y excluidas con la premisa de que los inmuebles adquiridos "quedaran entre las excluidas". Para ello, se modificó la fecha, y se puso el 12 de julio pese a estar hecho en octubre.
DOCUMENTOS 'AD HOC'
Este dossier fue remitido por orden de Blasco a la Fiscalía de Valencia y a la Sindicatura de Cuentas para acreditar "de modo mendaz" la legalidad de las subvenciones, "sabedor de que se habían creado documentos 'ad hoc' para respaldar la correcta actuación de la consejería de la que era titular".
El PSPV sostiene asimismo en su acusación que los acusados constituyeron "un entramado" para "desviar fondos de Cooperación para obtener beneficio propio" y que las adjudicaciones a la Fundación Cyes "se produjeron en contra del criterio de la Comisión Técnica del Programa de Cooperación" y fueron "impuestas" por el exconseller.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, acusación particular, reclama para el exconseller 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación; la misma para Tina Sanjuán, y otras más rebajadas para el resto de acusados. Esta parte concluye que de los expedientes se desprende que el destino de las subvenciones "ha sido desviado, resultando beneficiarios los particulares en un alto porcentaje de las cantidades concedidas".
SOLO EL 3% LLEGÓ A NICARAGUA
Esto "no hubiera sido posible" si el departamento administrativo competente "hubiera accionado los mecanismos oportunos para el control de los caudales públicos": "acciones y omisiones de funcionarios y cargos públicos que favorecen, contribuyen, conocen, consienten y no impiden el resultado que se alcanza en cuanto a la desviación de los fondos públicos". Del total, solo el 3 por ciento de las subvenciones, 43.000 euros, fueron destinados a Nicaragua en 2008.
La Abogacía hace referencia a la "estrecha" relación entre Blasco y Tauroni, el presunto cabecilla de la trama y detalla que varios informes cursados por la evaluadora externa CAAZ fueron "manipulados y alterados" para cumplir con los requisitos exigidos en las convocatorias; y señala la reunión de 31 de julio en la que Blasco presionó a los técnicos para conseguir el acta con el que dar las ayudas a Fundación Cyes.
La Abogacía de la Generalitat estima que Blasco dictó en 2008 una resolución de concesión de subvenciones "a sabiendas de su injusticia", ante el "incumplimiento" de los requisitos de convocatoria, "provocando la sustracción de caudales públicos y enriquecimiento de los particulares".
También señala que el exconseller, al tratarse de una autoridad, alto cargo superior de la conselleria, "valiéndose de su posición", "influyó" en los funcionarios que conformaban la Comisión Técnica para que suscribieran una propuesta de concesión de subvención en grandes proyectos.