Exdirigente del Gobierno de Aragón responde a 50 preguntas para "aclarar" su participación en el 'caso Caladero'

Carlos Escó ha comparecido ante la juez desde las 11.00 horas durante una hora y media, aproximadamente, en una sesión en la que no ha estado presente la Fiscalía y que ha comenzado con retraso por un problema técnico. La juez Mercedes Terrer, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, investiga el sobrecoste de 3,31 millones de euros de la construcción, en la Plataforma Logística de Zaragoza, de una nave industrial a cargo de la sociedad pública Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), instalación que arrendó la empresa Caladero.

"No debo hacer declaraciones", ha dicho Escó a los medios de comunicación al abandonar la sala de vistas, recalcando que ha respondido a la mayoría de las preguntas. Según el abogado de Escó, Juan Carlos Monclús, "ha dejado el asunto totalmente claro", explicando "todo lo que se puede explicar". Además "se ha acogido a su derecho a no declarar" para no responder a las preguntas de la abogada de UPyD, Irene Romea.

La representante de UPyD, que es la acusación popular en este caso, ha lamentado el "absoluto desprecio" de Escó hacia "los ciudadanos aragoneses que en su día votaron a UPyD" y ha resaltado que su objetivo es "la averiguación de la realidad de los hechos".

Sus preguntas han ido dirigidas a esclarecer "todas las irregularidades" del caso Caladero, que son "bastante importantes". En su opinión, "parece que la obra se hizo única y exclusivamente a gusto de esta empresa".

También ha declarado el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello, igualmente imputado por prevaricación administrativa en este caso.

"Me siento totalmente inocente", ha declarado Coello a los medios, añadiendo que "hoy todo empieza aquí, por lo menos para mí". Ha rehusado concretar otros extremos de este asunto judicial a los medios "por respeto al procedimiento y a las personas que tienen que declarar" todavía.

INVESTIGACIÓN

La juez Mercedes Terrer, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, investiga el sobrecoste de 3,31 millones de euros de la construcción, en la Plataforma Logística de Zaragoza, de una nave industrial a cargo de la sociedad pública Plaza Desarrollos Logísticos (PDL), instalación que arrendó la empresa Caladero.

Junto a Escó, exconsejero delegado de Plaza, están imputados --también por prevaricación administrativa-- el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello, la actual directora de empresas participadas de la Corporación, Pilar Valdivia, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás, quienes declararán el próximo 10 de febrero.

Los cuatro desempeñaron funciones de administradores mancomunados de la sociedad pública PDL, constituida en 2007, en la construcción y el arrendamiento de la nave a Caladero.

Fue el Tribunal de Cuentas el que detectó las presuntas irregularidades, que aparecen en el informe del órgano fiscalizador correspondiente a las cuentas del Gobierno de Aragón y sus empresas públicas en 2008 y 2009. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas remitió este informe al juez decano de Zaragoza, que decidió abrir diligencias.

Una vez comenzó la instrucción, la Fiscalía de Zaragoza pidió --y se incorporó al expediente judicial-- la certificación del registro mercantil de todos los asientos de Plaza Desarrollos Logísticos, el contrato original de construcción de la nave de Caladero, así como el modificado y el complementario, junto con las actas provisional y definitiva de recepción de la obra, y que se citara a declarar a Escó, Coello, Pilar Baldivia y Pedro Colás, lo que la juez concedió.