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Exjefe de servicio de Formación de Sevilla niega falta de colaboración con la intervención provincial

El exjefe de servicio de la Dirección General de Formación de Sevilla entre noviembre de 2011 y julio 2015, Daniel Fito García, ha negado este martes que su departamento no haya colaborado con la intervención provincial en la remisión de los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación para la elaboración del informe especial.
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Fito García ha trasladado su "respeto absoluto" por el trabajo de la interventora de la Junta en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, pero ha dicho no estar conforme con todos los aspectos planteados por en su informe, sobre el que "denegó opinión" explicando que la muestra de expedientes les llegó "incompleta" con fotocopias "ilegibles y desordenadas".
Fito García ha rechazado este extremo y ha defendido que a pesar de la dificultad que les supuso que no les permitieran remitir los expedientes originales, sino que debían ser copias compulsadas y simples --lo que solo ocurría en el caso de Sevilla, según ha señalado--, no eran en ningún caso "ilegibles o caóticos", lo que podría ocurrir, según ha explicado, es que "hubiera algún salto en la coherencia de los expedientes" pues no todo un expediente es compulsable. "La forma de enviar la documentación hubiera sido distinta si nos hubieran permitido remitir los expedientes originales", ha agregado.
Asimismo, Fito García, que está imputado judicialmente en este caso, ha defendido que su actuaciones al frente de este servicio "han estado sujetas plenamente a la ley, al derecho y a los principios de buena administración", así como "con respeto a los derechos de la hacienda pública de la Junta".
El compareciente, tras concretar que con dos escáneres "semidomésticos" se hicieron más de 119.000 copias y más de 75.353 compulsadas, al no permitir el sistema compulsarlas debido a su tamaño, y cuyo envío a la intervención se realizó mediante USB, ha explicado que en el traspaso de competencias de Empleo a Educación, Cultura y Deportes, "perdimos un importante número de personal y el personal que teníamos nos volcamos en esa tarea", así como ha defendido que del escaneo "no se puede desprender ese desorden o situación caótica que describe la interventora".
Además, ha defendido que el plazo que empleó el órgano gestor para remitir los expedientes que solicitó la intervención "no fue excesivo".
En este punto, también ha indicado que durante la mudanza física que supuso el traspaso de las competencias, mientras el personal aterrizó en la sede de Educación el 29 de abril, los expedientes no llegaron hasta el 27 de junio de ese mismo año. Además, antes de ese traslado, se hizo otro, "hubo dos movimientos en poco espacio de tiempo de esa documentación y no tenemos que destacar grandes incidencias, pero sí tuvimos que buscar con más ahínco documentación, aunque lo normal era que se encontrase".
A preguntas de la representante de IU en la comisión, Elena Cortés, Fito García ha negado "rotundamente" que recibiera órdenes de superiores para que el informe especial no pudiera ser emitido y que su actitud fue "diligente" para dar respuesta cuanto antes a esa solicitud. Además, ha subrayado que el hecho de que el resultado del informe sea denegación de opinión, "no es algo extraordinario, es una de las casuísticas que se pueden dar como resultado".
PSOE-A: "EL PP-A COACCIONA AL COMPARECIENTE"
Ha sido especialmente tenso el turno de preguntas de la parlamentaria del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, pues cuando ha preguntado al compareciente los motivos de su imputación en el caso, éste le ha replicado que "usted tiene acceso al sumario por estar su partido personado en la causa y lo puede ver", así como cuando le ha preguntado si algún familiar suyo es trabajador de la Faffe, personal que desarrolló labores de "apoyo administrativo y técnico" en el servicio que él capitaneaba.
En este sentido, Fito García ha explicado que su esposa entró en la Faffe mediante una oferta del SAE "por mérito propio" y que nada tenía que ver con su puesto, así como le ha afeado a la popular esta pregunta: "el daño ya está hecho al preguntar por mi familia, si lo hubiese sabido me hubiera traído el retrato de mi mujer y mis dos niños para que me den ánimos ante la comisión". También le ha cuestionado Ruiz-Sillero si es afiliado del PSOE o si tiene constancia de que cursos subvencionados a UGT se hayan impartido en sedes compartidas con el PSOE, ambas circunstancias han sido negadas por el compareciente.
Seguidamente, el diputado socialista en la comisión, Rodrigo Sánchez Haro, ha recriminado al PP-A que "coaccione al compareciente" y ha pedido amparo al presidente del órgano parlamentario, Julio Díaz, para "no consentir que se repita esta situación vergonzosa" y no permita que se "desacredite" a los comparecientes "o se les criminalice por estar afiliados a un partido político".
De otro lado, y sobre las exceptuaciones, en su turno, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha insistido en preguntar por este asunto, a lo que Fito García ha aclarado que el competente para resolver las dudas entorno a las exceptuaciones debe ser "el órgano que dictaba esas resoluciones". No obstante, ha defendido que el "interés social" al que se refiere la norma es el interés del beneficiario último, que no es la entidad que recibe la subvención, sino el demandante de formación, además de defender que estas resoluciones "no tienen por qué ser excepcionales".
De otro lado, preguntado por la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet sobre los expedientes de reintegro, Fito García ha explicado que cuando se hizo cargo del servicio se estaba liquidando la programación de 2009, y que durante ese tiempo se emitieron resoluciones de reintegro para un total de 168 expedientes por un montante de unos 6,8 millones de euros.
También ha explicado que durante el tiempo que estuvo al frente del servicio no se propuso ningún procedimiento sancionador aunque si pusieron en conocimiento de la Fiscalía "bastantes hechos que pudieran ser punibles y que serían compatibles con una posible sanción".
Así las cosas, varios grupos parlamentarios se han interesado por conocer sus valoraciones a cuenta de las denuncias presentadas por el testigo protegido de la juez Mercedes Alaya y entonces jefe del departamento de Gestión Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, a lo que Fito García ha señalado que la segunda denuncia por la no ejecución de la primera, por presuntamente no permitirle desarrollar sus labores, que era la que le afectaba, "se archivó y se condenó a Montes a pagar las costas".
En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que "las cuestiones que ha dicho Montes respecto a mí finalmente se dirimirán en sede judicial" por eso no ha querido profundizar en sus valoraciones respecto a este asunto ante la comisión de investigación.
Al terminar su comparecencia, Fito ha dicho que ha contestado libremente a todas las preguntas si bien no ha agradecido todo el trato que le han dado los diputados, a los que ha pedido que "tomen conciencia de por lo que pasa un funcionario que sólo ha hecho su trabajo lo mejor posible pasando por esta comisión y estando investigado por un juzgado". "El daño es muy fuerte y nuestra imagen queda irreparablemente dañada, porque aunque estoy convencido de mi inocencia y aunque salga de la causa indemne, la imagen dada hoy de mi es irreparable", ha zanjado.