Expertos en Derecho Constitucional exigen a Mas que precise en qué marco legal pretende ampararse

Distintos catedráticos y expertos en Derecho Constitucional consultados por Europa Press han reconocido no saber con seguridad a qué se refiere el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, cuando dice que el Gobierno autonómico se acogerá a "marcos legales preexistentes" para poder celebrar una consulta el 9 de noviembre, y le han pedido que aclare en qué ley o leyes pretende ampararse para preguntar a los ciudadanos sobre el futuro de Cataluña.

Sin embargo, algunos de ellos han indicado que Mas podría estar pensando en el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 122 establece que la Generalitat tiene "la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución".

Dicho artículo de la Carta Magna --que el Gobierno central considera violado por la Ley de Consultas catalana que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC)-- dice que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED, considera que "todo lo que dice Mas estos días es muy ambiguo", aunque cree que cuando este martes habló de "marcos legales preexistentes" que "dan competencia" al Ejecutivo catalán en "procesos participación ciudadana", podría referirse al Estatut.

INCONSTITUCIONALIDAD Y FRAUDE DE LEY

Pero surgirá un "problema jurídico" si en esta votación que prevé Mas se mantienen las preguntas planteadas hasta ahora. Según Gómez, en ese caso "volverá a incurrir en inconstitucionalidad", porque el Estatut deja claro que las consultas nunca podrán superar el marco de las competencias autonómicas, y además será "fraude de ley" porque esas preguntas ya están suspendidas por el TC.

Asimismo, la catedrática ha advertido de que Mas podría incurrir en "fraude a la ciudadanía" al apelar a los catalanes a votar "sabiendo que no va a poder conceder aquello sobre lo que está preguntando" porque es una cuestión sobre la que "no tiene ningún control". "Una instrumentalización del voto es lo más grave que puede hacer un dirigente o una formación política", ha afirmado.

Otro experto que coincide con Gómez en que la base legal a la que alude Mas podría ser el Estatut considera que la declaración del presidente de la Generalitat es "misteriosa" y que debería haber mencionado cuál es la ley que cree que le da cobertura.

"EL JUEGO DEL RATÓN Y EL GATO"

Joan Queralt, catedrático de la Universidad de Barcelona, tampoco tiene claro en qué se basa el presidente catalán, aunque ha apuntado como posibles opciones la Ley de Consultas de 2010, "alguna disposición directa" del Estatuto de Autonomía, la Ley de Presidencia de la Generalitat y del Gobierno de 2008, "alguna norma general del Estado" o incluso normativa internacional.

Queralt, para quien el Derecho debe ser "un instrumento al servicio de la sociedad", cree que Mas "desea que le impugnen". "Puede convocar las convocatorias que quiera y se las irán tumbando", porque esto es "el juego del ratón y el gato".

A su entender, "la consulta es perfectamente legal diga lo que diga el Tribunal Constitucional", y el president solo incumpliría la ley "si llevara a la práctica una convocatoria prohibida o suspendida expresamente", y esa "ya ha dicho que no la va a llevar adelante".

CONSULTA SIN GARANTÍAS

Ángel Sánchez Navarro, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, ve de "difícil encaje" la votación que plantea ahora Mas. Según ha explicado a Europa Press, un ciudadano "puede hacer lo que la ley no le prohíbe" amparándose en la libertad de expresión y manifestación, pero los titulares del poder público, que utilizan recursos públicos, "solo pueden hacer lo que la ley les permite", y la Ley de Consultas limita las posibles consultas o encuestas al ámbito de competencia de la comunidad.

La consulta que se planteaba hasta este martes podía ser "un sucedáneo de referéndum", pero ahora "no sé qué garantías hay", ha manifestado Sánchez tras recordar que la votación se llevaría a cabo sin un censo y organizada por voluntarios.

"No se ha alegado ninguna legitimidad porque no hay ninguna legalidad", ha añadido, criticando también las afirmaciones "vagas e imprecisas" que ha hecho el presidente autonómico en vez de dar la "seguridad jurídica" que debe ofrecer el ordenamiento jurídico.

Por último, Rafael de Agapito, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, ha criticado la "ambigüedad" de Mas y ha afirmado que "no hay ninguna fórmula" que pueda utilizar. En su opinión, "está rozando la no sujeción al ordenamiento jurídico", aunque augura que finalmente elegirá convertirse en un "mártir de la causa".

Según De Agapito, la actuación de Mas responde a una "estrategia política". "Se pueden hacer cosas relativamente confusas y tratar de forzar las cosas para llegar a algo, pero el recurso del Gobierno ante el TC tiene unos argumentos muy claros y muy sencillos", ha subrayado.