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Exsecretaria general asturiana de Educación apunta a la directora general Otero como responsable de contratación

La exSecretaria General Técnica en la Consejería de Educación de junio de 2009 a julio de 2010, Begoña Fernández, con José Luis Iglesias Riopedre al frente, ha manifestado este miércoles y a preguntas de la fiscal ha explicado que era la Directora general María Jesús Otero -una de las acusadas-- quien iniciaba el procedimiento de contratación y por tanto quien tenía la competencia material de qué se contrataba, con quien y con qué presupuesto.
"Desconozco si algún consejero se encarga del seguimiento de los contratos, pero difícilmente", ha dicho la ex secretaria general. Fernández ha sido uno de los testigos del Fiscal que este miércoles ha pasado por la sección tercera de Audiencia, donde se celebra el juicio por el caso Marea, la mayor trama de corrupción investigada en la Administración regional.
Sobre la existencia de un almacén logístico por parte de la Consejería de Educación, la testigo ha aseguró que no conocía la existencia del mismo.
Ha explicado que ella despachaba habitualmente con el propio consejero y preguntada si les extrañaba que buena parte de las veces se contratase con las mismas empresas, la entonces secretaria general ha explicado que en la Consejería había muchísimos contratos más al margen de los de esa Dirección General.
"En el año que yo estuve tramitamos muy pocos contratos para equipamientos de centros y no siempre a las mismas empresas, así que no hubo nada que me llamase la atención", ha manifestado Fernández, que además, a preguntas de la fiscal dijo desconocer por qué los secretarios generales técnicos duraban muy poco tiempo en su cargo.
Otro de los testigos llamados a declarar por parte del ministerio Fiscal ha sido el que fuera miembro de la Intervención general del Principado de 2003 a 2007, Martiniano Villar, que ha explicado como comprobaban y validaban los contratos y ha manifestado que no observó ninguna irregularidad en los contratos en los que estaba implicada la acusada Marta Renedo.
Así mismo ha reconocido un error en la comprar de más de 200 papeleras para un espacio de 40 metros cuadrados, como era el centro de Belén de la Montaña y ha indicado que en la Administración existe un inventario de bienes.