El exconsejero Fernández defiende la legalidad de los ERE, un procedimiento incorporado "año tras año" en Presupuestos

Así se ha pronunciado en la cuarta jornada de la comisión de investigación el exalto cargo andaluz, quien salió de la cárcel el pasado día 10 de agosto tras pagar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, después de pasar casi cuatro meses en prisión, donde ingresó el pasado 24 de abril.

El Juzgado número 6 de Instrucción de Sevilla, encargado del caso, le ha imputado cuatro delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. Además, también está imputado por delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

Fernández, que ha acudido a la comisión junto a su abogado, ha insistido en que los grupos tenían "perfecto conocimiento" de la partida 31L y del procedimiento por el que se regulaba y le daban su "aceptación y conformidad, dado que era una petición social demandada Pleno tras Pleno del Parlamento". Según ha apuntado, tanto PP-A como IULV-CA la consideraban "insuficiente" e instaban a modificarla para que determinadas partidas llegaran a sus territorios "más afines".

El exconsejero de Empleo ha pedido a la Presidencia de la Cámara que le permitiera no tener que responder las preguntas al considerar que podrían verterse "acusaciones" por parte de los grupos, como en su opinión, ha ocurrido con los anteriores comparecientes que, como él, están imputados por la Justicia. Si bien, finalmente, y después de que el presidente de la comisión, Ignacio García, le indicara que la comisión ya decidió que los comparecientes tendrían que escuchar las preguntas, Fernández ha decidido responder a las mismas.