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El Fiscal pide confirmar la pena contra Mikel Otegi por asesinar a 2 ertzainas pero rechaza agravante de terrorismo

La Fiscalía ha solicitado este miércoles en el Tribunal Supremo la confirmación de la condena de 34 años de cárcel impuesta a Mikel Mirena Otegi por el asesinato en 1995 de los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González en la localidad guipuzcoana de Itsasondo. Se ha opuesto igualmente a la pretensión de la acusación particular para que se aplique la agravante de terrorismo, lo que repercutiría en el aumento de las indemnizaciones que deben cobrar los familiares de las víctimas.
Otegi ya fue juzgado y absuelto por estos hechos en 1997 por un jurado popular de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ordenó repetir el juicio con una decisión que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2004. Posteriormente, se estimó que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional.
Durante la vista por estos hechos ante la Sala de lo Penal del alto tribunal, la representante del Ministerio Público ha rechazado uno por uno los argumentos por los que la defensa de Otegi solicitaba que la sentencia de la Audiencia Nacional fuera anulada y los hechos retroraidos al momento en el que se ordenó repetir el juicio.
Ha recordado que fue en 2003, cuando Otegi fue detenido en Francia y ondenado por pertenencia a ETA, cuando se encargó un informe a la Guardia Civil que acreditó que en el momento del asesinato, en 1995, el recurrente ya pertenecía a la organización terrorista y a su juvenil Jarrai. "Este informe no era una extravagancia ni una treta, estaba justificado", según la fiscal.
ENAJENACIÓN MENTAL
Frente a los argumentos del defensor, la fiscal también ha defendido la agravante de alevosía porque se trató de un ataque sorpresivo de los que los ertzainas no pudieron defenderse. Ha rechazado igualmente, y también así lo ha señalado el abogado de la acusación particular, que pueda hablarse de enajenación mental transitoria o de la atenuante de arrepentimiento, pues Otegi se jactó públicamente de los sucedido diciendo que había matado a "dos cipayos".
Para el defensor de Otegi, sin embargo, "no hay elemento en toda la causa que acredite" que su cliente haya pertenecido a Jarrai y es "insultante" decir, tal y como defiende la acusación popular en su recurso, que bebió tras cometer los hechos.
La Sala de lo Penal dictará ahora una sentencia, de la que será ponente el magistrado Miguel Colmenero, sobre la resolución que consideró al acusado culpable de dos delitos de asesinato terrorista en concurso con uno de atentado.
Según los hechos probados por la Audiencia Nacional, Otegi protagonizó el 10 de diciembre de 1995, tras pasar la noche de juerga, un altercado en un bar con un miembro de la Ertzaintza que se encontraba fuera de servicio.
Después de la pelea, el acusado se dirigió a velocidad excesiva al caserío donde vivía. Su extraña forma de conducir llamó la atención de una patrulla de la Ertzaintza compuesta por los agentes José Luis González Villanueva, de 34 años, y Jesús Mendiluce, de 26, que prestaban servicio de rutina en la zona.
Cuando Otegi vio a los dos agentes adentrarse en su propiedad salió al exterior del caserío e hizo dos disparos contra ellos con una escopeta semiautomática. Los ertzainas no tuvieron la oportunidad de reaccionar y murieron en el acto. Tras cometer los dos asesinatos, el condenado envió un mensaje a través de la radio del coche patrulla en el que dijo que un casero había matado a "dos zipayos" por la política que seguían.
La sentencia de la Audiencia Nacional concretaba que en la fecha en que asesinó a los dos agentes "simpatizaba con la ideología propia de la izquierda abertzale" aunque no había quedado acreditada su pertenencia a Jarrai o a cualquier otra organización afín a ETA.