Fiscales progresistas y conservadores apoyan a Madrigal como nueva fiscal general

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Alvaro García, ha valorado "positivamente" la elección de Madrigal al definirla como una "excelente profesional", de quien ha destacado especialmente su labor al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores.

En este sentido, García ha recalcado que la dirección de este áreas permite a Madrigal atesorar "aspectos organizativos muy importantes de gran utilidad a la hora de enfocar su carrera".

En similares términos se ha expresado el portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Emilio Frías, que ha considerado la propuesta como una "excelente noticia". "Consuelo Madrigal tiene una amplia experiencia profesional, conoce la jurisdicción y la Carrera", ha añadido.

De esta forma, la asociación con más número de afiliados ha dado su "apoyo" a la que está llamada a ser la primera mujer en ocupar el puesto de fiscal general del Estado, según ha manifestado Frías a Europa Press.

El Consejo de Ministros ha propuesto este viernes su nombre y el Consejo General del Poder Judicial verificará el 22 de diciembre si reúne los requisitos legales del cargo, que debe recaer entre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados celebrará la comparecencia de idoneidad el próximo 8 de enero. El Gobierno formalizará después el nombramiento y la nueva fiscal general jurará o prometerá su cargo ante el Rey y tomará después posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Dimisión de Torres Dulce

La dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha sido una sorpresa hasta para el mismo Gobierno, tras tres años en el cargo lo hace por motivos personales como ha asegurado en una nota pública.

Los rumores, sin embargo, desmienten que en estos tres años han sido frecuentes los desencuentros con el Gobierno y su reivindicación de una mayor autonomía en los que se ha enfrentado a decisiones molestas para el Gobierno del PP, implicado en numerosas denuncias y casos de corrupción.

El fiscal anticorrupción pidió cárcel sin fianza para Luis Bárcenas y se resistió a que el Gobierno le marcara el ritmo en la querella contra Artur Mas por el 9N.