La Fiscalía estudia si la Audiencia Nacional es competente para investigar a Boko Haram

La Fiscalía ha abierto diligencias para comprobar si la Audiencia Nacional es competente para investigar la comisión de delitos de terrorismo y lesa humanidad por parte de los miembros de la organización terrorista Boko Haram después de recibir una denuncia presentada por Baltasar Garzón en nombre de su fundación internacional, FIBGAR, la primera cursada en España, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza está indagando si el tribunal cuenta con jurisdicción para perseguir los presuntos delitos cometidos por el líder del grupo islamista, Abubakar Shekau, y los demás miembros de dicha organización terrorista por la comisión de delitos de terrorismo, genocidio y/o de lesa humanidad, en aplicación de la ley que regula los supuestos de jurisdicción universal.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el pasado mes de marzo introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras.

Así, el nuevo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. La reforma de la ley elimina, además, la posibilidad de actuar sólo con una denuncia o a través de una acusación popular y sin contar con una acusación de la Fiscalía.

AMENAZA PARA ESPAÑA

La denuncia asegura que el líder de Boko Haram ha expresado la solidaridad de la organización con los afiliados de Al Qaeda en Afganistán, Irak, África del Norte, Somalia y Yemen y ha alentado "a otros grupos yihadistas para que sigan participando en los ataques terroristas". Destaca que el Estado Islámico secuestró en septiembre de 2013 en Siria a los periodistas españoles, Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova.

"El principal objetivo de esta organización es el establecimiento de un estado islámico en Nigeria, fin coincidente con el de Al Qaeda, el del Estado Islámico (ISIS), Al Qaeda en el Magreb Islámico y la escisión del mismo, los Soldados del Califato, cuya acción terrorista ha sido y está siendo respectivamente de incidencia en España, Gran Bretaña, Bélgica, otros países de Europa y Estados Unidos, y ha sido reiteradamente investigada en nuestro país, siendo éste uno de los elementos o conexiones que deberán tenerse en cuenta en la investigación que se propone", continúa.

Agrega, además, que los contactos entre las autoridades británicas y españolas apuntan a que Boko Haram ha realizado un llamamiento a todos sus seguidores para que emprendan ataques terroristas contra buques petroleros con combustible para la zona oriental del Mediterráneo y el Oriente Medio a su paso por el estrecho de Gibraltar, lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional en aplicación del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Añade que la organización terrorista internacional cuenta con potencial para actuar en cualquier país del mundo, incluyendo España, "lo que obliga a la jurisdicción española a investigar los hechos denunciados y a la propia organización y, en todo caso, a prestar por vía de cooperación jurídica internacional todo el apoyo que sea necesario o requieran las autoridades nigerianas".

ATAQUES A LA POBLACIÓN CIVIL

La denuncia enumera los ataques de Boko Haram contra la población civil, destacando que su violencia ha causado 2.000 muertos y 10.000 desplazados en los últimos seis meses. Por otra parte, el grupo terrorista ha asesinado ya a más de 12.000 personas y ha herido a otras 8.000 en los últimos cinco años, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades nigerianas. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), al menos 650.000 personas tuvieron que huir de sus hogares debido a la insurrección de Boko Haram.

Refleja también el secuestro de más de 200 niñas en un colegio católico en abril de 2014. "El 7 de julio, más de sesenta mujeres retenidas desde hacía dos semanas por Boko Haram lograron escapar y regresar a sus hogares, aprovechando que los secuestradores estaban en combate contra el Ejército nigeriano en el área de Damboa y que la pequeña guardia estaba durmiendo. Sin embargo, se desconoce el paradero de las más de 200 menores secuestradas", dice.

"En este sentido, según los testimonios de aquellas que consiguieron escapar, algunas de las niñas secuestradas han sido violadas o agredidas sexualmente y sometidas a condiciones inhumanas, señala el escrito.

Para FIBGAR, los hechos relatados son constitutivos de un delito de genocidio y/o un delito de lesa humanidad incluyendo lo referido a violación o agresión sexual, detención sin dar razón del paradero de la persona detenida, tortura o esclavitud cometidos por una organización terrorista.

Entre las diligencias solicitadas figuran la petición de informes por parte de la Fiscalía sobre posibles procedimientos penales que se estén realizando en el marco de la Unión Europea o de los que se hayan podido llevar a cabo sobre Boko Haram por parte de Naciones Unidas. Pide también que se dicte orden de detención internacional contra los denunciados y quienes fueran responsables, así como el informe de las entidades financieras nacionales e internacionales sobre los recursos económicos de la organización terrorista.