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La Fiscalía pide archivar el 'caso Ellacuría' en aplicación de la limitación de la justicia universal

Defiende, al igual que en el procedimiento sobre Couso, que corresponde a la Sala de lo Penal decidir si cierra o no la causa
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado archivar la causa en la que se investiga el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, en aplicación de la limitación de la justicia universal impulsada por el Grupo Popular en el Congreso.
En un recurso de reforma presentado este miércoles, el fiscal Pedro Martínez Torrijos solicita que se declare la nulidad del auto dictado por el juez Eloy Velasco el pasado lunes y se proceda a "la urgente conclusión del sumario" para que sea la Sala de lo Penal, superior jerárquicamente al instructor, la que decida si debe archivarse la causa en aplicación de la reforma legal.
Al igual que en el 'caso Couso', el Ministerio Público argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR) establece que en el trámite del sumario "el juez de instrucción ha de limitarse, sin resolver el sobreseimiento o continuación del procedimiento, a concluirlo y remitirlo a la Sala de lo Penal que ésta, una vez practicado el trámite de instrucción de las partes y cuando no procesa revocar la conclusión del mismo, dicte el auto de sobreseimiento o la resolución que corresponda".
"NO SE AJUSTA A DERECHO"
En este sentido, apunta que la decisión de Velasco de retirar los delitos de lesa humanidad que atribuyó a los 13 exmilitares salvadoreños procesados para continuar instruyendo la causa por el asesinato terrorista de los cinco religiosos que eran españoles "no se ajusta a derecho por falta de competencia funcional del instructor para dictarla".
"Nos encontramos ante una resolución que vulnera las normas de competencia funcional y sustrae a su superior jerárquico, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el conocimiento de una cuestión para la que tiene asignada legalmente y de forma excluyente la competencia", señala.
Del mismo modo, pide la anulación del auto en lo relativo a dejar sin efecto el delito de lesa humanidad ya que, a su entender, la limitación de la jurisdicción universal debería aplicarse también a los delitos de terrorismo por ser conexos al anterior.
"MERO FRAUDE", SEGÚN EL JUEZ
Velasco elevó una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que determine si el juicio que se celebró en el país centroamericano fue "un mero fraude" y "una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal".
Además, consideró "ilógica" la Disposición Transitoria Única incluida en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga al sobreseimiento de todas las causas que no cumplan los nuevos requisitos que limitan la justicia universal.
La medida, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.
DENEGACIÓN DE LA ENTREGA
En mayo de 2102 la Corte Suprema Justicia de El Salvador rechazó la entrega de los 13 exmilitares sospechosos de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y sus dos empleadas domésticas.
Nueve de los 15 magistrados que integran el máximo órgano judicial denegaron la solicitud de la Audiencia Nacional Española porque la Constitución de El Salvador que estaba vigente en 1989 prohibía la extradición de nacionales a cualquier país. Tres magistrados votaron en contra y otros tres no estuvieron presentes en la votación.
Los exmilitares procesados son el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández, y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.