La Fiscalía pide que Neymar declare por estafa y corrupción entre particulares

El fiscal del caso, José Perals, ha presentado este viernes un escrito en el que solicita la declaración del futbolista; del presidente del Barça, Josep María Bartomeu; y de su antecesor en el cargo, Sandro Rosell; a los que pide que se impute por un delito de estafa y corrupción entre particulares.

En su escrito, de apenas unas líneas, el representante del Ministerio Público también solicita la declaración como investigados del resto de querellados: el padre del jugador, Neymar Da Silva; el presidente del Santos, Odilio Rodriguez; y su predecesor en el cargo, Luis Álvaro de Olieira; así como el Barça y el club brasileño en su condición de personas jurídicas.

"VISOS DE PERPETRACIÓN CRIMINAL"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 admitió en junio pasado una querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, al entender que el equipo azulgrana pudo adquirirlos en 2013 "fuera de la normal competencia" y por un valor "inferior al del mercado".

En octubre pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, avaló la apertura de la investigación en dos autos en los que señalaba que las operaciones urdidas por los querellados tenían "visos de perpetración criminal".

Según el juez, que se dirigió a Real Madrid, Chelsa, Bayern de Munich y Manchester City para que le aportaran copia de las ofertas que realizaron por el jugador, la operación para adelantar la incorporación del futbolista a la temporada 2013-2014 pudo "quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes".

"VALOR INFERIOR AL DEL MERCADO"

Rosell y Bartomeu firmaron en noviembre de 2011 un contrato con Neymar y la sociedad de su padre, N&N, por el cual el Barça se hacía con sus derechos cuando finalizara su contrato con el Santos, en 2014, con un coste de 40 millones de euros.

El jugador debía rechazar todas las ofertas que recibiera, con una cláusula por incumplimiento para todas las partes de 40 millones. En ese año se firmó, además, un contrato de préstamo de 10 millones que el Barça abonó en diciembre. Entre 2013 y 2014 se abonaron los 30 millones restantes.

El magistrado justificaba la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares argumentando que esta operación tuvo la finalidad de adquirir los derechos del futbolista "fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su fichaje por valor inferior al del mercado y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes podrían estar dispuestos a pagar".

Estas operaciones, según el juez, implicaron "un incumplimiento" de las obligaciones del futbolista que "impactó decidida y decisivamente en la libre competencia y en el mercado de contratación de jugadores". Además, recuerda que, de acuerdo la denominada Ley Pelé de Brasil, "cualquier transferencia de un deportista profesional depende de su consentimiento profesional y expreso".

SIMULACIÓN DE CONTRATOS

En relación con el delito de estafa por simulación contractual, el auto de admisión a trámite señalaba que la operación se fraguó al menos con dos contratos que supusieron "una simulación", pues "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad".

El primer contrato "simulado" habría consistido en el pago de 7,9 millones de euros por un convenio de colaboración en materia de fútbol base que habría permitido la adquisición por parte del Barça de los jugadores Víctor Andrade Santos (por el que pagó 3,2 millones), Givanildo Pulgas Da Silva (1,8 millones) y Gabriel Barbosa Almeida (2,9 millones).

El segundo contemplaba la celebración de un partido amistoso en Brasil con Neymar como jugador del Barça, que de no celebrarse, como así ha sido hasta la fecha, suponía un pago de 4,5 millones al Santos.

El juez explicaba que estos dos acuerdos se firmaron "prácticamente en la misma fecha que la transferencia de los derechos federativos", y que presuntamente supondrían "una simulación contractual dirigida a perjudicar a DIS", que debería haber recibido "un porcentaje" de los mismos.

En el primer procedimiento por el fichaje de Neymar la Fiscalía pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.

De la Mata, que abrió juicio oral por el 'caso Neymar' el pasado 13 de mayo, cifró el coste del traspaso en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros.