Fiscalía Superior ve indicios de delito en el reparto de los fondos de formación de la Junta de Andalucía

Concretamente, en el informe 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', la cámara incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros sin "justificación alguna".

Ahora, tras la finalización de la investigación por parte de la unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el departamento que dirige Jesús García Calderón ha emitido un decreto este mismo martes que ha sido ya enviado a la Fiscalía General del Estado, a la del Tribunal de Cuentas, las fiscalías de Sevilla y Málaga, y la Junta de Andalucía.

En términos generales, la Policía Judicial señala "un manifiesto desorden" en la concesión de estas ayudas, detectándose por el órgano fiscalizador en los expedientes que han sido revisados y de forma continua una ausencia de justificación del gasto realizado. Además, pese a la importancia económica de las ayudas y su finalidad, "se habrían incumplido las numerosas recomendaciones que fueron realizadas en el año 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de este tipo de ayudas, que no habrían sido implantadas por el organismo competente".

Sin embargo, la Policía Judicial indica que no puede hacer conclusiones acerca de la posible relevancia penal de los hechos, aunque valora la necesidad de llevar a cabo "exhaustivas comprobaciones", por cuanto deberían hacerse investigando cada uno de los expedientes fiscalizados. Pero, en opinión del fiscal superior, estas investigaciones deberían realizarse conforme a criterios objetivos de valoración en los que las irregularidades contables detectadas puedan configurarse, "en muchos casos, como indicios de la posible comisión de ilícitos penales".

En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público indica que las "numerosas irregularidades" detectadas se pueden dividir en tres grupos: las de carácter puramente administrativo, las de carácter contable y, dentro de las anteriores, las que supuestamente se pudieran valorar como indicios de una posible responsabilidad penal que pondrían de manifiesto "la necesidad de una investigación suficiente sobre los hechos".

"Las responsabilidades administrativas son numerosas y afectan a cuestiones diversas como la existencia de un criterio de imputación presupuestaria inadecuado como transferencias de capital y no como transferencias corrientes o la inaplicación del procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, todo ello conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones que podría haber sido incumplida", mantiene en el decreto el fiscal superior, Jesús García Calderón, que firma el documento, con fecha 24 de abril.

El Ministerio Público se pregunta sobre dos asuntos en concreto: las exoneraciones dictadas por la Junta entre 2009 y 2010 para que no tuvieran que justificar las ayudas, por importes que superan los 297 millones de euros; y sobre el hecho de que la Faffe acumulara subvenciones por 50 millones de euros poco antes de desaparecer y que no tuvieron "documentación justificativa".

Según alerta la Fiscalía, la fundación se extinguió el 3 de mayo de 2011, subrogándose el Servicio Andaluz de Empleo en todos sus derechos y obligaciones, produciéndose "la situación paradójica" de que el órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas, como consecuencia de la extinción del beneficiario.

"No se localiza en el informe referencia alguna al mecanismo, instrumento o argumentación legal que otorgue la cobertura normativa necesaria para que los fondos entregados a esta Fundación sean ejecutados por el mismo órgano que los concede, en representación de la extinta entidad", indica la Policía Judicial en su informe, que recoge la Fiscalía.

Por otra parte, la Fiscalía informa de que también ha sido igualmente objeto de fiscalización el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi, desarrollado en cuatro fases en las que se habrían concedido más de 52 millones de euros para formación; "detectándose numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable y que afectarían, como en el caso anterior aunque parcialmente, a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)".

En definitiva, considera que las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son "tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos". Esta circunstancia exige, según la Fiscalía, "su investigación con todas las garantías, aunque sería aún prematuro establecer las tipologías concretas que podrían haber sido vulneradas".

La gestión de estas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado, abriendo la puerta a posibles y habituales irregularidades, produciéndose una ausencia de control y seguimiento por el Servicio Andaluz de Empleo a pesar de las recomendaciones que fueron realizadas en 2004 y de la acreditación de continuas y destacables incidencias de una singular gravedad", mantiene el Ministerio Público.

Por otro lado, considera preciso aclarar si incluso, en aquellos supuestos más significativos y en los que ha transcurrido el tiempo necesario, "se han puesto en marcha los mecanismos administrativos tendentes a la devolución de las cantidades cobradas y si los hechos han sido comunicados a los órganos de fiscalización y control de la Unión Europea para que pueda ser defendida la Hacienda Comunitaria, de manera que, exponiendo con claridad la respuesta institucional frente a posibles supuestos de fraude y al margen del imperativo legal correspondiente, puedan seguir percibiéndose ayudas en el futuro que son especialmente necesarias para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma como fórmulas imprescindibles para el fomento del empleo".

La Superior trata de unificar criterios con este decreto, y trasladará el documento a todas las fiscalías provinciales andaluzas, para que puedan coordinarse ante futuras investigaciones por este asunto o ante las que ya se están tramitando. De hecho, señala que en distintas provincias, cuando menos en las de Sevilla y Málaga, se siguen actuaciones judiciales o fiscales acerca de la posible existencia de infracciones penales en la gestión y cobro de subvenciones gestionadas como ayudas a la formación por el Servicio Andaluz de Empleo que habrían tenido lugar en los últimos años.