La Fiscalía del Supremo alerta del uso abusivo de las peticiones de indulto para evitar ingresar en prisión

La sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo advierte de que "en los últimos años" se viene percibiendo un incremento de las peticiones de indulto por condenados por hechos de especial gravedad acompañadas de solicitud de suspensión de la ejecución de las condenas que, a juicio de estos fiscales, suponen un "injustificado retraso" en el cumplimiento estas sentencias.

Así se señala en la Memoria de la Fiscalía General del Estado dada a conocer este miércoles, relativa a 2013, en la que los fiscales de lo Penal del Supremo advierten de un "uso abusivo del derecho de gracia" en determinados casos en los que las que las posibilidades de prosperar del indulto "son más bien escasas".

Por ello proponen a la Fiscalía General del Estado que propugne una previsión legal específica para dotar a los informes que los fiscales tienen que emitir sobre si debe suspenderse o no la pena de un condenado que ha pedido el indulto "del deseable marco legal y de la necesaria seguridad jurídica".

Aunque la Memoria se refiere a 2013 y no señala ningún dato concreto, el problema que subrayan los fiscales del Supremo aparece recurrentemente en titulares periodísticos en relación con señalados casos de corrupción política.

El pasado 29 de agosto, por ejemplo se conoció que el expresidente del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, había presentado la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, en el conocido como 'caso Naranjax'.

El pasado 11 de julio, el Consejo de Ministros rechazo la concesión los indultos solicitados por el expresidente balear Jaume Matas, quien también había solicitado la suspensión de su condena a nueve meses de cárcel tras el primer juicio por el "caso Palma Arena" mientras se estudiaba su petición de indulto.

En la misma sesión, el Ejecutivo rechazó igualmente otros indultos como el solicitado por el que fuera de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, por las escuchas del 'caso Gürtel' a abogados en prisión; así como la de gracia solicitada por el del dirigente de Nuevas Generaciones del PP madrileño Angel Carromero, condenado por el Tribunal Provincial Popular de Granma (Cuba) el a 4 años de privación de libertad por el homicidio en accidente de tráfico de los disidentes Oswaldo Paya y Harold Cepero.

Tampoco se dio luz verde a la medida de gracia solicitada el torero José María Ortega Cano, condenado a dos años, seis meses y un día de prisión por conducción temeraria y homicidio por imprudencia grave. En todos estos casos la Fiscalía había informado en contra de la concesión de la medida de gracia.

PENAS GRAVES

En la parte de la Memoria relativa a la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo se reconoce que si bien es cierto que en las penas cortas la ejecución inmediata de la condena puede frustrar los efectos de una eventual concesión de indulto "no sucede lo mismo cuando se trata de las penas graves".

En estos supuestos, la suspensión de la ejecución de la pena "carece de sentido", según los fiscales del alto tribunal, y si el indulto propuesto es parcial "por regla general la pena conmutada por otra menos grave será de efectivo cumplimiento".

También advierten del "fraude de ley" que supone la reiteración de solicitudes de indulto dirigidas a impedir el efectivo cumplimiento de la condena.

A este respecto consideran que "sería deseable" una previsión legal que contemple un determinado plazo para limitar "el uso abusivo del derecho de gracia por parte de los condenados que hayan visto desestimada una primera petición".