La Fiscalía pide al TC que fije doctrina sobre el deber de España de investigar las desapariciones de la Guerra Civil

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que fije doctrina sobre el deber de los jueces españoles de investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista al tratarse de una "cuestión jurídica relevante" con una "singular repercusión social" que no ha sido todavía aclarada por el Alto Tribunal.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Manuel Miranda destaca que las numerosas denuncias presentadas ante los tribunales están recibiendo "respuestas jurídicas dispersas, con argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin ajustarse a unos mismos parámetros interpretativos".

A su juicio, el deber del Estado de investigar eficazmente las desapariciones forzadas, su imprescriptibilidad y su carácter permanente, la eventual nulidad de la Ley de Amnistía y su conexión con el derecho fundamental de las víctimas a obtener una tutela judicial efectiva adquieren una "singular relevancia jurídica en nuestro ordenamiento".

Para el fiscal, son cuestiones con una "relevancia jurídica y social evidente" que están siendo sometidas constantemente a debate por los juristas y que, sin embargo, carecen de precedentes en la doctrina del Constitucional.

"En este contexto no puede dejar de mencionarse la reciente visita del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que instaba en sus observaciones preliminares al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada", añade.

ADMISIÓN DEL RECURSO DE UNA VÍCTIMA

El representante del Ministerio Público solicita en su inédito escrito que el Tribunal Constitucional reconsidere su decisión de inadmitir a trámite el recurso de amparo formulado por una mujer que reclamaba investigar las desapariciones de su abuelo y su tío abuelo ocurridas en 1936. El fiscal entiende que la demanda tiene una proyección que trasciende este caso concreto y es beneficiosa para aclarar todas las dudas sobre este tema.

El abogado de la recurrente, Eduardo Ranz, alegó que su clienta había sufrido una violación en su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley, al haber archivado un juzgado de San Lorenzo de El Escorial y la Audiencia Provincial de Madrid su caso sin haber llevado a cabo unas "mínimas" diligencias de investigación.

La mujer, María P.L., solicitaba que se exhumaran los restos de sus parientes que descansan en El Valle de los Caídos y se procediera a constatar su muerte violenta, a identificarlos y a devolverlos a la familia.

Los magistrados del Constitucional inadmitieron su demanda de amparo porque no había justificado en un apartado específico la "especial trascendencia constitucional" de su caso.

No obstante, el fiscal emplaza a huir de razones "excesivamente formalistas y rígidas" y alega que la mujer detalló a lo largo de su demanda la relevancia de que el TC se pronunciara por primera vez sobre la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas, los efectos de la Ley de Amnistía de 1977 o los convenios internacionales que instan a España a acometer una investigación judicial efectiva y a reparar a las víctimas.