La Fiscalía pide vigilar los actos de bienvenida a Otegi para evitar que se enaltezca a ETA

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza informa de que ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, en relación a los actos que se celebrarán tras la excarcelación de Otegi el próximo 1 de marzo y pide a Urquijo que la Policía Nacional y la Guardia Civil comuniquen "inmediatamente" al Ministerio Público "cualquier novedad o incidencia en relación con tales hechos".

En este sentido, solicita que adopten las medidas cautelares oportunas para prevenir la comisión de cualquier delito en el desarrollo de los hechos y, en caso de que se cometan, practiquen las diligencias necesarias para su constancia y esclarecimiento, dando cuenta inmediata de su atestado a la Fiscalía.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, remitió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional un oficio en el que solicitaba la prohibición de los dos actos de homenaje a Otegi al entender que pueden calificarse como un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha pedido su prohibición en un escrito en el que solicita que las Fuerzas de Seguridad investiguen a los convocantes por si detrás de ellos se encuentra alguna "organización de apoyo a presos de ETA ilegalizada".

La petición de la AVT ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular el magistrado Eloy Velasco, según informaron fuentes jurídicas.

CONDENA A OTEGI

Otegi fue condenado en septiembre de 2011 por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista al intentar reconstruir Batasuna bajo la dirección de ETA. En mayo del año siguiente, el Tribunal Supremo rebajó la pena a seis años y medio de prisión e inhabilitación especial al retirarle la condición de dirigente de la banda.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso de Otegi respecto a la imparcialidad de la magistrada Ángela Murillo, que participó en el tribunal que dictó el fallo condenatorio. Estrasburgo interesó el pasado octubre la opinión del Gobierno español sobre este hecho.