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La Fiscalía pide 42 años de cárcel para un funcionario y tres empresarios del juego por una trama de licencias ilegales

Los cuatro acusados se sentarán en el banquillo la próxima semana por delitos de malversación y prevaricación, entre otros
La Fiscalía solicita hasta un total de 42 años de cárcel para un funcionario de la Consejería balear de Interior y tres empresarios del juego de Baleares por urdir una presunta trama con la que éstos se beneficiaron del impago de las tasas que les correspondía abonar al Gobierno balear por desarrollar esta actividad, así como por autorizar desde el Ejecutivo la instalación irregular de máquinas tragaperras en bares que no contaban con licencia para ello.
Se trata de unos hechos que tuvieron lugar de forma continuada entre los años 2006 y 2009, y por los que se acusa a los inculpados de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración y apropiación indebida. Todos ellos se sentarán en el banquillo entre el martes y el miércoles de la próxima semana para ser juzgados por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.
En concreto, el funcionario, Juan Bautista, se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel, la misma pena que se solicita para el abogado Bartolomé Borràs, quien habría mediado entre las sociedades beneficiadas y el Govern en relación al pago de los impuestos y que, tras reconocer que en las gestiones por él tramitadas no se abonó la cantidad debida, consignó en el Juzgado un total de 3.782 euros como parte del dinero impagado al Ejecutivo autonómico.
Asimismo, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para el empresario Rafael Hernández, quien devolvió 749,6 euros, y para Gabriel Pons, que consignó por su parte el pago de 1.045 euros.
Tal y como asevera la Fiscalía en su escrito de acusación, el funcionario, actuando dentro de sus competencias y "movido por el ánimo de beneficiar al resto de los inculpados con quienes les unía una relación de amistad y confianza, permitió el impago de la tasa de canje fiscal -en distinta cuantía dependiendo del tipo de local- por la instalación de máquinas de juego así como el alta de estos aparatos en bares y restaurantes como si de salas de bingo se tratase.
LA CONSELLERIA DE LECIÑENA DENUNCIÓ LOS HECHOS ANTE LA FISCALÍA
Se trata de un presunto fraude con el que se toparon los funcionarios del servicio del juego de la Conselleria de Interior que, tras cuatro meses indagando numerosos expedientes de entre 2006 y 2009, detectaron el impago de las tasas tanto las empresas que disponen de máquinas ordinarias de juego como los salones de bingo.
La Conselleria, entonces dirigida por Mari Ángeles Leciñena, decidió así poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que tras las investigaciones pertinentes remitió las pesquisas al Juzgado para que prosiguiera con las indagaciones.
FUNCIONARIO CON MÁS DE 20 AÑOS DE EJERCICIO A SUS ESPALDAS
En el auto por el que el juez que instruyó las pesquisas, Francisco José Pérez, abrió la vía para que fueran juzgados los acusados, el magistrado consideraba "inverosímil" que el funcionario, con más de 20 años de ejercicio profesional a sus espaldas, hubiera cometido "un desliz u olvido al revisar la documentación de la gestión".
De hecho, aseveraba tajante que "no nos hallamos ante un caso puntual sino ante decenas de ellos, ante distintas gestiones, en diferentes fechas, a lo largo de varios años y distintas empresas".
Inicialmente también se investigó la comisión de un presunto delito de cohecho por parte de otro empresario para quien se archivaron las investigaciones, a raíz de la presunta dádiva que, según se investigó en su día, habría sido efectuada en favor de Bautista -suspendido de sus funciones- en forma de diversos artículos de Montblanc valorados en más de 200 euros.