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Fiscalía pide inhabilitar ocho años a un agente de Mossos por una presunta detención ilegal

La Fiscalía ha pedido ocho años de inhabilitación y una multa para un agente de los Mossos d'Esquadra por supuestamente ordenar la detención, presuntamente ilegal, de un vecino de la calle Ganduxer de Barcelona, a quien un juez prohibió vivir en el piso que compartía con su mujer tras un proceso de divorcio.
Los hechos sucedieron el 18 de julio de 2008: la mujer de este vecino se presentó en la comisaría de los Mossos exhibiendo la notificación judicial por la cual su marido debía abandonar el piso, con lo que dos agentes se personaron en la vivienda para decir a su marido que debía abandonarla.
El hombre se negó a irse alegando que a él no le habían notificado la decisión judicial, aunque sí ha reconocido --al declarar este lunes como testigo en juicio en la Audiencia de Barcelona-- que no había ido al juzgado a buscar la notificación de la sentencia de divorcio ese mismo día, tal y como había sido citado.
Después de que el vecino se negase a abandonar la vivienda, el agente acusado, Francisco Javier J., se personó en el piso y, tras ver el auto judicial del divorcio, ordenó su detención por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.
En el juicio celebrado este lunes, el fiscal ha considerado que el mosso practicó una detención ilegal porque al hombre no se le había notificado la sentencia del divorcio, que otorgaba el uso y disfrute del piso a su mujer y a sus hijos.
"DETENCIÓN IMPRUDENTE"
El fiscal cree que fue una detención "imprudente, errónea y desacertada" aunque sin la intención de cometer un delito, por lo que se limita a pedir su inhabilitación y una multa de algo más de 2.100 euros.
El acusado ha defendido en el juicio que no ordenó la detención, en la misma línea que su abogado, que sostiene que Francisco Javier J. se limitó a autorizarla a sus subordinados.
Su letrado ha sostenido que, incluso si él la hubiese ordenado, no se trató un "capricho ni de una decisión arbitraria", sino que los Mossos valoraron que debían practicarla en base al auto judicial del divorcio.