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Mantienen las penas de 19 y 8 años de prisión para Urdangarin y la infanta Cristina

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública. A su vez, el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido.

Según han informado fuentes jurídicas, el representante del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados (Urdangarin y Torres) haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada. El fiscal dará a conocer esta mañana estas conclusiones en presencia de los 17 acusados que se sientan en el banquillo y que este viernes estarán de nuevo presentes en la sala.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas; el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.
Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
Mantienen 8 años para la infanta
Manos Limpias ha considerado que no hay motivos para rebajar la solicitud de pena puesto que la hermana del Rey Felipe VI, a su juicio, no ha colaborado con las investigaciones y, además, se negó a responder durante su declaración en el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado.
Es más, para justificar su solicitud de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos contra Hacienda-, la letrada que representa a Manos Limpias en este proceso, Virginia López Negrete, apunta que la acusada incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad, Aizoon, para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, sostiene que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
El sindicato reclama asimismo para la Infanta el pago de 2.022.861 euros, y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años. La abogada mantiene intacto, de este modo, el escrito de calificación que presentó antes de que el juez José Castro abriera juicio oral contra la exduquesa y los otros 16 acusados de la causa.
La letrada subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin, que asciende a un total de 337.138 euros, "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón.
"La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda en su escrito de acusación provisional cuyo contenido mantiene inalterado.