Fiscalía se opone a la suspensión y acusa a las defensas de intentar evitar "a cualquier precio" el juicio

El ministerio público ha contestado así a las peticiones formuladas este jueves por los letrados de los acusados en esta pieza de Fitur, quienes reclamaron la suspensión al alegar que no habían tenido tiempo suficiente de estudiarse una documentación que se encontraba en el caso Gürtel del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.

En concreto, estos letrados de defensa justificaron su reclamación en una posible vulneración del derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, o vulneración del quebrantamiento de igualdad de armas al "habérseles escondido" documentación que ahora consideran "necesaria" para defender los intereses de sus representados.

Al respecto, Fisccalía se ha opuesto a estas peticiones porque considera que la "verdadera intención" de las partes es "intentar evitar a toda costa y a cualquier precio que se celebre el juicio". A su juicio, es "entendible" que "todo vale en la estrategia defensiva, pero siempre que se limite a términos de lo razonable. Y esto, excede", ha apostillado. Por ello, ha solicitado a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no acepte la petición porque "conllevaría una clara admisión de fraude de ley y abuso de derecho".

En esta línea, ha agregado que los planteamientos de las defensas "caen desde el inicio" porque se basan en una premisa "errónea", ya que considera "inveraz y falsa" la afirmación de que tuvieron conocimiento de una documentación sorpresiva hace escasos meses. "Desde que se incoó el procedimiento, todas las defensas han conocido o podido conocer que existía una ingente documentación que se había incautado en entradas y registros de febrero de 2009".

Respecto a la petición concreta de la letrada de una extrabajadora de empresas de la trama, Mónica Magariños, quien justificó la suspensión en que tan solo llevaba una semana con la defensa de su clienta, la fiscal también se ha opuesto y ha recordado que fue la propia Magariños la que decidió voluntariamente renunciar a su anterior letrada ---del turno de oficio-- y designar a una nueva representación. También entiende que esta solicitud "refleja claramente una maniobra dilatoria".

Por otro lado, el ministerio público ha defendido que se ha respetado "escrupulosamente" la cadena de custodia de pruebas "porque así lo ordenó la autoridad judicial y así dio fe el secretario judicial"; niega indefensión de los acusados en las entradas y registros a sedes y empresas; se opone a que acusados puedan declarar sentados al lado de sus correspondientes letrados porque no está previsto en el ordenamiento jurídico; y también se opone a invertir el orden de la prueba y a que los acusados declaren tras los testigos y peritos. La Sala resolverá sobre estas posturas encontradas entre acusaciones y defensas.