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Fomento (IU) dice haber realojado provisionalmente a ocho familias de la 'Corrala Utopía' "con informes favorables"

"Se encuentran en riesgo de exclusión social o tienen menores a su cargo"
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por Izquierda Unida, ha realojado provisionalmente en viviendas de su titularidad a ocho familias desalojadas de la 'Corrala Utopía', para lo que hace referencia a "informes sociales favorables custodiados por el Defensor del Pueblo Andaluz".
Según indica la Consejería en una nota, la medida se adopta en cumplimiento de la resolución de la Dirección General de Vivienda de 9 de abril y responde al mandato del juzgado de instrucción 3 de Sevilla de 25 febrero por el que las administraciones públicas fueron mandatadas a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".
El departamento que dirige Elena Cortés hace públicos estos datos el mismo día en que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica y además entra en vigor el decreto anunciado por su presidenta, Susana Díaz (PSOE-A), por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la socialista María Jesús Montero.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha explicado que las familias realojadas "cuentan con informes sociales favorables custodiados por el Defensor del Pueblo Andaluz, que reclamó su realojo al Gobierno andaluz, representado por la Consejería de Fomento y Vivienda, y al Ayuntamiento de Sevilla, en el marco de la comisión técnica creada por ambas administraciones el 5 de marzo".
La resolución de la Dirección General de Vivienda para dar cumplimiento al auto judicial "se dicta sobre la base de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a las administraciones públicas a dar cumplimiento a los autos, sentencias y demás resoluciones judiciales que sean ejecutables; la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, que establece que las administraciones públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas con riesgo o en situación de exclusión social; el Decreto por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes; y el decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda Protegida".
La Consejería ha explicado que "el realojo provisional, procedimiento diferente de la adjudicación de viviendas a través de registros públicos de demandantes, permite atender a familias en situación de emergencia sobrevenida". Agrega que este procedimiento de cesión del inmueble no implica la adjudicación del mismo.
"ELUSIÓN DE RESPONSABILIDADES" DEL AYUNTAMIENTO
La Consejería de Fomento y Vivienda asumió el 9 de abril el realojo de las familias desalojadas que cumplan las condiciones establecidas en el auto judicial "ante la elusión de sus responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Sevilla, igualmente mandatado por el juzgado y que es titular de 528 viviendas deshabitadas y sin contrato de compraventa o arrendamiento, pese a lo cual rechazó contribuir a una solución transitoria para las familias".
Explica que "dicho rechazo se produjo pese a que el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento acordaron crear una comisión, con participación del Defensor del Pueblo, para dar una solución compartida al problema, y pese a que la Consejería informó en el seno de la misma de su escasez de inmuebles al haberlos entregado en alquiler a familias con recursos limitados".
La Consejería ha explicado que, "por ello, sólo podría disponer para una solución inmediata de viviendas que quedaran desocupadas como resultado de la rotación natural de las viviendas públicas, por causas como cancelaciones de contratos de alquiler y mudanzas, fallecimientos, o ejercicios de tanteo y retracto en el caso de compraventa.
Ha agregado que el desalojo realizado el 6 de abril por la Policía Nacional, por orden de la Delegación del Gobierno en Andalucía, "supuso además la ruptura de las negociaciones para encontrar una solución entre la Consejería e Ibercaja, abiertas con el respaldo del Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo".
Con sus actuaciones a lo largo de todo el procedimiento, la Consejería "ha dado además cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, que recoge que 'todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada' e insta a los poderes públicos a 'promover las condiciones necesarias' y a establecer 'las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho'", el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.