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Forenses de la Audiencia Nacional examinarán mañana a víctimas saharauis que denunciaron torturas del Frente Polisario

Médicos forenses de la Audiencia Nacional examinarán mañana por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a varias víctimas saharauis que denunciaron haber sufrido torturas a manos de oficiales del Ejército de Argelia y dirigentes y miembros de seguridad del Frente Polisario, según ha informado la Asociación Saharaui de Defensa de Derechos Humanos (ASADEDH) en una nota de prensa.
El juez Pablo Ruz ha ordenado este examen en el marco de la causa que investiga la querella que presentó esta asociación y tres víctimas contra 29 militares y representantes del Polisario, por hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. El objeto es determinar si los abusos denunciados han provocado a las víctimas secuelas físicas o psicológicas, precisa la asociación.
El juez Ruz, que abrió este procedimiento con el aval de la Fiscalía, rechazó la pretensión de los querellantes de declarar al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática como responsables civiles subsidiarios de los hechos investigados al entender que la acción penal no se dirige contra estos dos organismos.
29 QUERELLADOS
Entre los 29 querellados se encuentran el ministro de Comunicación del Frente Polisario, Sidahmed Battal; el exministro de Defensa y actual representante en España, Jandoud Mohamed; el fiscal de esta organización, Sidi Wagag; y miembros de la seguridad militar en los campos de Tindouf y en la prisión de Rachid.
La acción penal también se dirige contra el general Omari, actual embajador de Argelia en Marruecos; Nabil Kadour, oficial de la Seguridad Argelina agregado militar en la Embajada de Mauritania; o Nadim Benaser, oficial del Ejército argelino en la Región de Tindouf.
Según consta en la querella, el Frente Polisario habría llevado a cabo "una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen español con la intención de romper los vínculos entre las distintas tribus y sus autoridades naturales, al objeto de obtener un dominio más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en sus campamentos". Los que no aceptaron esta política sufrieron, según los querellantes, actos de represión y maltrato físico y moral, detenciones ilegales, torturas y asesinatos.