Gallardón define la reforma penal como flexible y dirigida a mejorar la proporcionalidad de los castigos

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado este viernes al término del Consejo de Ministros, que ha aprobado el Proyecto de Reforma del Código Penal, que si hay algo que define la nueva norma es la "flexibilidad", y ha destacado que busca mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal sin olvidar la finalidad de la reinserción.

Ruiz-Gallardón, que ha desgranado durante su intervención los cambios más significativos, ha afirmado que el nuevo Código Penal era "absolutamente necesario" y lo ha incardinado en la reforma global que el Gobierno ha emprendido en todos los sectores de la administración pública. "El derecho sustantivo debe adecuar nuestras normas a la realidad de la España del siglo XXI", ha afirmado.

En su intervención inicial ha explicado que el texto se ha realizado en "colaboración estrechísima" con el resto de Ministerios y que si hay algo que lo define es la flexibilidad, que va a permitir adecuar la respuesta penal a cada una de las realidades que se produzcan.

El ministro ha reconocido que para algunas conductas se agravan las penas "porque estaban insuficientemente sancionadas", si bien en ningún momento se pierde de vista el fin de la reinserción.

Además, Ruiz-Gallardón ha agradecido el trabajo de los órganos consultivos -que fueron muy críticos con el Anteproyecto-, y ha afirmado que el texto de hoy es "mejor" que el que presentó en octubre del año pasado gracias a la labor de estas instituciones.

ADIOS A LAS FALTAS

El Proyecto de Código Penal aprobado este viernes acoge una petición histórica de la Fiscalía y suprime las faltas con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los juzgados, se ha decidido suprimir las faltas.

Se mantendrán, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Justicia, as que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa.

El proceso que les corresponderá a estos nuevos delitos se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando. Mientras tanto, transitoriamente, se resolverán en juicios de faltas.

Las faltas que no merecen reproche penal abandonan el Código Penal, aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana o por la vía civil.

ASESINATO Y DETENCIÓN ILEGAL

Por otra parte, el Código Penal que inicia ahora su andadura parlamentaria actualiza el delito de asesinato, de forma que se considerará tal, además de por las circunstancias ya previstas -alevosía, por precio, recompensa o promesa y ensañamiento-, el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.

Además, el nuevo texto establece el homicidio agravado si la víctima es menor de 16 años o es una persona especialmente vulnerable y cuando esté presente un móvil sexual. También lo serán si se comete sobre agentes de la autoridad o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

La detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima se castigará con una pena similar a la del homicidio -de 10 a 15 años de cárcel- y en caso de secuestro se elevará a entre 15 y 20 años. Estas penas se ven aumentadas hasta un máximo de 25 años si la víctima es menor de edad o está presente un móvil sexual en la comisión del delito.

El Proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros.

No obstante, para fijar el límite entre el delito leve -castigada con pena de multa- y el delito -pena de cárcel- el juez también podrá tener en cuenta la capacidad económica de la víctima.

RESPUESTA A LA MULTIRREINCIDENCIA

Con el objetivo de ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, el texto del Gobierno prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado, es decir, por el delito, a penas de uno a tres años de prisión. En los casos más graves la pena puede ascender hasta los cuatro años de cárcel, según ha explicado Ruiz-Gallardón.

Se considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída, cuando se produzcan ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe; la profesionalidad; la utilización de menores de edad; y el hurto sea de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones.

Además, se han incluido en este catálogo los robos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas que causen perjuicios graves. El portar armas o pertenecer a un grupo criminal constituido para cometer delitos contra la propiedad agravarán el delito.

El robo con fuerza tendrá en cuenta el modo de comisión, pero también la fuerza utilizada para abandonar el lugar y el robo con violencia introduce un supuesto agravado para los delitos cometidos en establecimientos abiertos al público.

La agravación prevista para estos delitos, por los que se podrán imponer medidas de seguridad a los delincuentes peligrosos, tendrá su reflejo en la estafa cuando sea cometida por una organización criminal y la defraudación afecte a una pluralidad de personas.