Gallardón está dispuesto a cambiar las penas a huelguistas pero pide un arrepentimiento público del PSOE por aprobarlas

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado la disposición del Gobierno a modificar el artículo del Código Penal que impone penas de hasta tres años a los trabajadores que coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga. Eso sí, ha exigido un "arrepentimiento explícito" del PSOE por aprobarlas y no cambiarlas durante el tiempo que estuvo en el Gobierno.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, Gallardón ha respondido a la pregunta del socialista Manuel de la Rocha sobre la acción "concertada" y el cambio de criterio "copernicano" de todos los fiscales para pedir penas "desproporcionadas y predemocráticas" que se elevan desde los tres hasta los siete u ocho años de cárcel para quienes ejercitan su derecho a la huelga.

El ministro ha dicho temerse que los socialistas "no entienden" el principio de división de poderes que proclama la Constitución, al "exigir" una actuación del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público.

Eso sí, ha enfatizado que el cuestionado artículo 315.3 fue introducido en 1995 por el PSOE, apoyado entonces por Izquierda Unida, en el llamado "Código Penal de la democracia". "El PSOE aprobó una pena de seis años no de tres y les enmendó la plana el Senado por ser excesiva", ha remachado.

Según ha continuado, el principal grupo de la oposición tampoco cambió este precepto cuando reformó el Código Penal en 2010. Es más, la primera condena por esta cuestión data de mayo de 2011 cuando los socialistas estaban al frente del Gobierno y el fiscal general del Estado había sido designado por su partido.

"Tenga por seguro que el Gobierno del PP está dispuesto a debatir esa modificación pero que su arrepentimiento sea explícito porque ustedes fueron los causantes", ha destacado.

INTENTO DE CRIMINALIZAR EL DERECHO DE HUELGA

El diputado Manuel de la Rocha ha recordado que la Fiscalía se ha dirigido contra más de 200 personas por ejercer su derecho de huelga y que no se trata de "un problema de autonomía" de esta institución, sino de un cambio en sintonía con una reforma laboral que ha traído recortes sistemáticos a los derechos de los trabajadores y ha motivado convocatorias de huelga.

"Y ustedes para disuadir que tengan éxito, endurecen los delitos del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley mordaza' - ha aseverado--. Hay un intento de criminalización del derecho de huelga para intimidar a los trabajadores. Le invito a que derogue el artículo 315.3 del Código Penal y así evitar interpretaciones de que quien participa en una huelga comete un delito".

Este precepto castiga con penas de hasta tres años de cárcel a quienes "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".