Un concejal de Ganemos Salamanca declarará como investigado por injurias a la Policía

Entonces, en el verano del pasado año, mostró su malestar con distintas acusaciones a los agentes como la de "pegar a una anciana" que fueron puestas en manos de la justicia.

Ahora, ante la citación inicial del concejal Gabriel de la Mora para declarar ante el juzgado, Ganemos Salamanca ha señalado que la acusación ha sido "instada por dos policías nacionales a título particular y en relación a un comentario en una red social en su perfil personal".

En el comunicado, remitido a Europa Press, Ganemos Salamanca ha incidido en el "máximo respeto por las decisiones del poder judicial" pero ha matizado que esta situación llega "ante la aplicación de la Ley Mordaza del Partido Popular que ha sido condenada por la ONU, la OSCE y multitud de organismos internacionales por propiciar la vulneración de la libertad de expresión en las redes sociales".

Sobre los hechos en particular, la agrupación ha recordado que Gabriel de la Mora ya dijo hace meses que él "se limitó a trasladar la versión de los afectados, antes las acusaciones denigrantes y xenófobas vertidas en los medios de comunicación contra la familia detenida y los vecinos del Barrio del Carmen, recordando que la actuación policial ya está siendo investigada en un procedimiento judicial abierto en los juzgados de Salamanca".

Tras lo acontecido, Ganemos Salamanca ha subrayado que "cumple y cumplirá su código ético escrupulosamente, el cual expresa el compromiso a cesar de forma inmediata en todos sus cargos si, tras la correspondiente investigación judicial, finalmente se produce la apertura del juicio oral, por delitos relacionados con corrupción, (prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, apropiación de fondos públicos, bien sea en interés propio o para favorecer a terceras personas), pero no frente a otros casos en general".

En todo caso, Ganemos ha matizado que su código ético establece que "cualquier cargo político investigado judicialmente deberá rendir cuentas públicas sobre los hechos que se le atribuyen, conforme los mecanismos establecidos y nuestros principios de máxima transparencia y rendición de cuentas".