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Vox denuncia a la Generalitat, ANC y Omnium Cultural por las encuestas puerta a puerta en Cataluña

Les acusa de crear "listas negras" de "no nacionalistas" y un "censo ilegal" y pide prohibir las encuestas ciudadanas que están realizando
El partido político Vox ha presentado una denuncia este viernes ante la Agencia Española de Protección de Datos y la Fiscalía General del Estado en contra de la Generalitat de Cataluña y las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmmniun Cultural por "violar la intimidad" de los ciudadanos en las encuestas puerta a puerta que están llevando a cabo en Cataluña.
El secretario general de Vox, Santiago Abascal, junto con el responsable jurídico de la formación política, Javier Ortega, han solicitado que se prohíban las encuestas ciudadanas que la ANC y y Òmnium Cultural, en el marco de la campaña 'Ara és l'hora' (Ahora es el momento), están realizando en Cataluña para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el futuro político de la Comunidad.
En un comunicado, Vox explica que desde el partido consideran que esta campaña supone una intromisión en el derecho a la intimidad de los ciudadanos --recogido en el artículo 18 de la Carta Magna-- al obligarles a manifestarse sobre hechos ideológicos especialmente protegidos por la ley de protección de datos nacional y europea.
Además, la organización política considera que con esta encuesta ciudadana se puede establecer una "lista negra" al clasificar a los participantes entre partidarios y no partidarios del proceso de secesión impulsado por el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas. Entre otras, una de las preguntas pretende conocer si el encuestado irá a votar el próximo 9 de noviembre, día en el que previsiblemente se celebrará la consulta catalana.
USO FRAUDULENTO DE DATOS DEL PADRÓN
En definitiva, el partido ve delitos contra la intimidad, revelación de secretos, la propia imagen y uso fraudulento de los datos de los ciudadanos. En el cuestionario también se pide que se faciliten datos personales como el nombre, dirección o el teléfono.
El líder de Vox ha denunciado también en declaraciones a Europa Press que el Gobierno de Cataluña puede crear "un censo ilegal paralelo" utilizando de forma fraudulenta los datos oficiales del padrón de habitantes del Registro de Población de Cataluña de los que dispone el Instituto de Estadística Catalán (Idescat) gracias a un acuerdo con la Generalitat.
En este sentido, el partido ha recordado que los datos del Padrón municipal --que maneja la Generalidad catalana-- "únicamente pueden cederse a otras Administraciones Publicas cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus competencias en asuntos en los que el dato del domicilio sea relevante".
"EVIDENTE RIESGO DE CESIÓN DE DATOS"
Con todo, Vox ha destacado el "evidente riesgo" de cesión de datos que existe a través del Idescat en "beneficio" de la consulta alternativa anunciada por Mas para y pide a la Agencia Española de Protección de Datos que prohíba la encuesta puerta a puerta, la consulta catalana convocada para el 9 de noviembre, la posible creación de un censo ilegal paralelo y uso ilegal de datos del padrón de habitantes.
Además, solicita que se tome "con carácter urgente" la medida cautelar de bloquear el Fichero del Censo ilegal en poder de cualquiera de las asociaciones denunciadas.
Por otro lado, el partido ha pedido a la Fiscalía General del Estado "diligencias de investigación urgente" contra la ANC, Òmnium Cultural y la Generalidad de Cataluña por posibles delitos contra la intimidad, revelación de secretos, propia imagen e inviolabilidad del domicilio, previstos y penados por el código penal así como por la vulneración del artículo 18 de la Constitución. Para ello, Vox reivindica "medidas cautelares" para evitar la continuación de los citados hechos delictivos.
Abascal ha declarado que este hecho es "un paso más" en su "batalla jurídica y legal para que en España se cumplan las leyes". "Tratamos de actuar y llegar adonde podemos llegar", ha dicho, recordando que los dirigentes de Vox ya denunciaron a Artur Mas por los delitos de sedición y rebelión por la convocatoria del referéndum.
"Pensamos que no todo está perdido (...) estamos convencidos de que la Agencia Española de Protección de Datos y la Fiscalía General del Estado actuarán y esperanzados en que Mas sea juzgado", ha concluido.