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El Gobierno vuelve a pedir la nulidad de la Consellería de Exteriores de Romeva con sus posteriores cambios de nombre

La Abogacía del Estado ha vuelto a reclamar la nulidad de la Consellería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña que dirige Raül Romeva, así como su posterior denominación como departamento y la creación de una nueva Secretaría adscrita.
Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el Gobierno sostiene que, con independencia de la denominación que use esta Consellería, se mantienen invariables las funciones que le atribuyó el nuevo Govern catalán y que incluía la atribución de la política exterior, una competencia exclusiva del Estado.
Por lo tanto, según el Ejecutivo, son contrarias a la providencia que dictó el pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional en la que se anulaban las disposiciones impugnadas por el Gobierno, que basó su recurso en que sólo el Estado tiene atribuciones en política exterior (artículo 149 de la Constitución).
En concreto, la Abogacía del Estado se refiere al decreto por el que la Generalitat cambió recientemente el nombre de la Consellería por el de Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia mientras el Tribunal Constitucional mantuviese la suspensión de la Consellería y el posterior decreto por el que se aprobaba una Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea adscrita a este Departamento.
El Gobierno pide ahora así también la nulidad de estos dos decretos mediante incidente de ejecución de la providencia dictada por el TC el pasado 16 de febrero y que suspendía competencias de la Consellería de Exteriores de la Generalitat durante al menos cinco meses mientras se resuelve el fondo del asunto.
Además de haber presentado las alegaciones pertinentes a esta providencia, cuyo plazo finalizaba el pasado día 11, la Abogacía del Estado ha solicitado también que la nulidad de estos dos últimos decretos se adopte también como medida adicional del auto que dicte el Tribunal Constitucional al resolver sobre la medida cautelar de suspender las disposiciones impugnadas por el Ejecutivo sobre la creación de una Consellería de Exteriores catalana.