El Gobierno aprobará mañana la Ley de Telecomunicaciones y un cambio en la Ley de Prohibición de Minas Antipersonal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este viernes en el Complejo de La Moncloa la reunión del Consejo de Ministros, que contará con la asistencia de todos los ministros a excepción de los titulares de Interior y Economía, que se encuentran en Roma (Italia) y Vilna (Lituania), respectivamente.

El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, ya analizada por el Gobierno en primera lectura y ha pasado el dictamen del Consejo de Estado, pretende lograr un marco regulatorio estable y simplificar cuestiones administrativas. Actualiza la normativa vigente desde 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban a la competitividad de los operadores, como el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios.

El Ministerio de Industria señaló en su momento que esta normativa supone una reforma estructural "profunda", ya que las modificaciones incorporadas proporcionan mayor facilidad para el despliegue de redes y facilita la extensión de la banda ancha que propiciará un Internet más rápido.

En palabras pronunciadas recientemente por el ministro del ramo, José Manuel Soria, esta ley busca lograr un marco regulatorio estable que fomente la inversión, aumente la seguridad jurídica y, además, elimine las barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación. "Este marco se traduce en una unidad de mercado entre la regulación sectorial y las de las administraciones territoriales", señaló.

Para el Gobierno, todo ello impulsará la economía digital y creará nuevos modelos de negocio y crecimiento económico. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad y la reducción de precios y costes, a lo que se añade la mejora de la protección del usuario.

BOMBAS RACIMO

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a una modificación de la actual Ley de Prohibición de Minas Antipersonal, que data de octubre de 1998, para incluir entre las municiones prohibidas las bombas de racimo, tras haber completado en 2009 la destrucción del arsenal de este tipo de municiones que tenían las Fuerzas Armadas.

De este modo, se persigue incluir los nuevos compromisos adquiridos por España al adoptar la Convención sobre municiones de racimo y el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales.

La modificación afectará a "prácticamente" la totalidad de la Ley de 1998 porque "tiene por objetivo actualizar todo su articulado e incorporar en él referencias a las municiones de racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los instrumentos internacionales citados", según el Gobierno.

Las municiones de racimo son municiones convencionales que han sido diseñadas para dispersar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos.

El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero de una de las empresas españolas que fabricaba bombas de racimo, Instalaza, una compañía que, cuando el Gobierno decidió la destrucción del arsenal de las Fuerzas Armadas, le solicitó una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.