El Gobierno afirma que la Ley de Unidad de Mercado respeta las competencias autonómicas y no generará dumping normativo

García-Legaz ha respondido así a una pregunta formulada por el senador del PSOE Antonio Rodríguez Esquerdo en la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara alta sobre si la ley vulnera competencias autonómicas, especialmente las de Euskadi.

El senador, que ha recordado que se han presentado tres recursos de inconstitucionalidad contra la ley y que existe "alguna amenaza de plante o insumisión de alguna comunidad autónoma", ha puesto en duda que, como ha dicho el secretario de Estado, el Gobierno central desconozca las críticas del Ejecutivo vasco, el cual "se ha posicionado notablemente en contra" en diversas reuniones.

Según Rodríguez Esquerdo, en Euskadi "va a haber muchas empresas perjudicadas" por esta norma, vigente desde diciembre de 2013, "si se potencian los oligopolios" en una región donde hay sobre todo pequeñas y medianas empresas. A su juicio, es una ley "centralizadora" que "no garantiza la unidad de mercado", sino que establece la "uniformidad en el mercado", y que convertirá a las comunidades autónomas en "administraciones periféricas y meros tutores".

CONFLICTOS INSTITUCIONALES

Asimismo, el senador ha indicado que el Gobierno vasco ha advertido de que se van a producir "mayores conflictos entre las instituciones" y que habrá "una evidente desigualdad entre empresas que realicen la misma actividad en un mismo territorio".

El secretario de Estado le ha respondido que los gobiernos autonómicos tienen la opción de plantear conflictos jurisdiccionales, pero que "lo que sí crea un conflicto institucional" es que el Ejecutivo de Euskadi diga "no voy a colaborar con esta ley". Mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, "las leyes están para cumplirse", ha subrayado.

PRINCIPIO DE CONFIANZA MUTUA

En este contexto, ha afirmado que la norma "no vulnera ninguna competencia autonómica" y que la licencia única regulada por la misma se basa en "el principio de confianza mutua", ya que las leyes que elaboren las distintas comunidades tendrán efectividad en el conjunto del territorio nacional.

Además, García-Legaz ha calificado de "incompatible" mantener que la ley es "centralizadora, uniformadora y vulneradora de las competencias de las comunidades" y, al mismo tiempo, decir que puede producir 'dumping' normativo, es decir, "una carrera a la baja por reducir los estándares regulatorios para atraer actividad empresarial y operar en todo el territorio nacional con un estándar legislativo mas bajo".

Sobre ese último punto, ha manifestado que el Gobierno "confía hasta tal punto" en los legisladores y gobernantes de las comunidades autónomas que sabe que "ninguna va a ser tan irresponsable como para legislar a la baja en los estándares y poner en riesgo la seguridad de los productos o la tarea profesional de cualquier ciudadano".

Por último, ha insistido en que la nueva norma pretende "ponérselo fácil a las pequeñas y medianas empresas" y que las regiones con un mayor número de compañías serán las que más se beneficien, entre ellas Cataluña, Madrid y el País Vasco. En este sentido, ha asegurado que del mundo empresarial solo han recibido "mensajes de felicitación" y que no ha llegado "ningún escrito" de empresarios catalanes o vascos denunciando que se vayan a ver perjudicados.