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El Gobierno solicita de nuevo a El Salvador la extradición de 4 militares acusados de matar al jesuita Ellacuría

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado solicitar nuevamente la extradición de cuatro militares de El Salvador involucrados en 1989 en el asesinato de cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría.
En concreto, se pedirá la extradición para su enjuiciamiento en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.
Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en el Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles y tres ciudadanos salvadoreños.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que les reclamara. Los exmilitares fueron detenidos en el país centroamericano, semanas después de que el magistrado emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol. Velasco ordenó el arresto de un total de 17 exmilitares, a los que procesó en mayo de 2011 por los asesinatos.
El juez Central de Instrucción 6 les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, adoptó esta decisión ante el "giro jurisdiccional" observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.
En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.
CAMBIO DE POSICIÓN DE EL SALVADOR
El 24 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la "búsqueda y localización de los procesados pero no a la captura de los mismos", por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.
Sin embargo, el 24 de agosto 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".
El pasado 30 de diciembre la Audiencia Nacional recibió un correo de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en los que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.
"DESARMADOS Y EN PIJAMA"
El juez detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina La Tandona y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl'.
El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".
Éste relató cómo el comandante Espinoza preguntó al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi por qué no disparaba a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, que yacían en el suelo. Además, 'Satán' mató a Amando López y Juan Ramón Moreno y dio la orden de acabar con la vida del salvadoreño Joaquín López , del ama de llaves, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, que murieron "parcialmente abrazadas".
Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: 'El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte".
El juez Velasco no llegó a imputar al expresidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina".