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El Gobierno canario avisa que Soria tendrá que rendir cuentas "más pronto que tarde" por su posición sobre prospecciones

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha afirmado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, tendrá que rendir cuentas "más pronto que tarde" por su posición respecto a las prospecciones petrolíferas.
Según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa, el responsable regional señaló que el también presidente del PP canario deberá responder por "sus mentiras y su desprecio por el sentir mayoritario del pueblo canario".
En opinión del viceconsejero, "a falta de argumentos, y visto el fracaso de sus presiones para manipular a la opinión pública, Soria recurre a su manido y reiteradamente desacreditado arsenal de embustes".
"Ni Rivero --añadió-- le ha confesado jamás, ni en público ni en privado, que esté a favor de las prospecciones; ni CC llevaba en su programa el 'sí' al petróleo; ni la consulta es ilegal".
Aquí, Rodríguez recordó que en la página 121 del programa electoral de CC para las elecciones autonómicas de 2011 se dice textualmente: "En el plano competencial, por un lado, se debe atribuir a la Comunidad Autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del Archipiélago (prospecciones petrolíferas, gestión de puertos y aeropuertos, transporte aéreo interinsular, mercado audiovisual, costas, seguridad, competencias relacionadas con la acción exterior del Archipiélago, etc.); y, por otro, el nuevo Estatuto ha de establecer una nueva metodología en la distribución de competencias que corrija los problemas que tradicionalmente se han originado entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la interpretación del alcance de sus títulos competenciales".
"Es decir, que ni de lejos se apuesta por la explotación de petróleo en las Islas, sino que se reclama las competencias en este ámbito. Competencias que pueden servir, por ejemplo, para prohibir dicha actividad", advirtió el viceconsejero.
Por otro lado, en relación a la consulta que promueve el Ejecutivo, reiteró que la misma "se atiene estrictamente al marco constitucional" y comentó que se encuentra amparada por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Reglamento del Parlamento regional.