El Gobierno aprobará hoy un informe con 40 medidas para mejorar la lucha contra la corrupción

El Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros un informe con 40 medidas de regeneración democrática que persiguen mejorar la lucha contra la corrupción y dotar de más control y transparencia a la actividad pública. Ese informe irá acompañado de una amplia reforma del Código Penal, que también endurecerá los tipos de los delitos relacionados con la corrupción.

El Ejecutivo se puso a trabajar en este paquete normativo en marzo, poco después de que el propio presidente del Gobierno anunciara estas medidas anticorrupción en el Debate sobre el estado de la Nación de mediados de febrero. El 1 de agosto, en el Pleno celebrado en el Senado con motivo del llamado 'caso Bárcenas', el propio Mariano Rajoy confirmó que las presentarían en septiembre.

Entre esas medidas para mejorar la lucha contra la corrupción figura la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos; la Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas; la reforma de la Ley de Contratos del Sector Públicos; la modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; y la reforma del Código Penal.

Se trata de un total de 40 medidas que afectan a una decena de leyes, según adelantó este miércoles en el Congreso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los textos normativos no están articulados porque el objetivo el intentar buscar el máximo consenso con los grupos y escuchar sus aportaciones, según fuentes del Ejecutivo.

Además de las medidas de regeneración democrática, el Gobierno aprobará este viernes la reforma del Código Penal, que endurecerá los tipos para delitos relacionados con la corrupción y que incluye entre sus principales novedades la prisión permanente revisable para terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima.

PAQUETE NORMATIVO QUE AFECTA A SEIS LEYES

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya presidió el pasado 3 de septiembre en el Palacio de la Moncloa una reunión del Grupo de trabajo para la Regeneración Democrática que analizó los borradores de los textos normativos que conformarán el Plan de Lucha contra la Corrupción. El objetivo es dar "más control y más transparencia a la actividad pública", según el Ejecutivo.

Ese grupo de trabajo, que arrancó el pasado mes de marzo bajo la coordinación del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha contado con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como con representantes de los ministerios de Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad e Interior.

Entre estas medidas destaca la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, que contendrá el procedimiento obligado de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos.

COMPARECENCIAS ANUALES DE LOS TESOREROS EN EL PARLAMENTO

Además, regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Parlamento, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la obligación de depositar las cuentas de los partidos en registro público, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.

El Gobierno trabaja también en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la que se "fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas -tanto físicas como jurídicas- condenadas por delitos relacionados con la corrupción".

Otro texto regulará por ley las Funciones Políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regular la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.

Dentro de ese paquete normativo se encuentra también la modificación de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un texto que ha preparado el Ministerio de Economía y Competitividad.