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El Gobierno no tiene constancia de que EEUU use fármacos españoles para ejecutar a condenados a muerte

Valorará su inclusión en la lista de productos prohibidos de la UE si se constata su utilización
El Gobierno no tiene constancia de que se hayan empleado fármacos españoles en ejecuciones de presos en Estados Unidos, pero se ha comprometido a valorar su inclusión en la lista de productos prohibidos de la UE si se constata su uso en ejecuciones en éste o en otros países.
Así lo ha expuesto el Ejecutivo al diputado de IU Gaspar Llamazares, en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso a Europa Press y que hace referencia a una información aparecida en la prensa que afirmaba, citando como fuente a la ONG británica Reprieve, que el rocuronio bromuro fabricado por una empresa catalana se estaba utilizando en ejecuciones en el Estado de Virginia.
Tras la ejecución en abril del reo Clayton Lockett en el Estado de Oklahoma --que murió de un infarto tras una agonía de 40 minutos por un problema con las sustancias que le inyectaron-- y la publicación en prensa sobre las exportaciones de la compañía catalana Tamarang, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se puso "inmediatamente" en contacto con la empresa, "que en todo momento mostró su voluntad de colaborar y de compartir información", ha informado el Gobierno a Llamazares.
Entre los fármacos que distribuye esta empresa a EEUU se encuentra el rocuronio bromuro, un relajante muscular de uso habitual en anestesias comunes. "A pesar de la información publicada, a día de hoy, no se ha probado que el rocuronio bromuro de origen español haya sido utilizado en ninguna ejecución en Estados Unidos", afirma el Ejecutivo en su respuesta.
La empresa española --añade el Gobierno-- ha mostrado su compromiso para adoptar "todas las medidas posibles" e introducir controles en su cadena de distribución para prevenir que sus productos puedan desviarse hacia hospitales penitenciarios, "en contra de su intención".
PROHIBICIÓN DE LA UE
En la Unión Europea existe un reglamento que prohíbe la exportación de fármacos que pudieran ser utilizados para la ejecución de personas mediante inyección letal, como el pentobarbital y el tiopental, entre otros que pudieran tener un doble uso.
Esto es lo que ha llevado a EEUU a recurrir a otro tipo de fármacos, señala el Gobierno, que precisa que el rocuronio no se encuentra incluido entre la lista de productos prohibidos por ser susceptibles de doble uso.
El Gobierno ha manifestado en su respuesta a Llamazares que la lucha contra la pena de muerte es una de las prioridades de la política exterior de España en materia de derechos humanos.
"España mantiene una posición firme en contra de la pena de muerte en todos los países del mundo y la rechaza en toda circunstancia, con independencia del crimen cometido, por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad del ser humano, además de carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal, y de provocar efectos irreparables en caso de error judicial", asevera.