Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno recalca que "no ejerce control político alguno" sobre la UDEF ni busca "influir" en sus pesquisas

El Gobierno niega ejercer ningún tipo de "control político" sobre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, especializada en la lucha contra la corrupción, el blanqueo y el fraude, y garantiza que tampoco busca conocer los detalles de sus investigaciones ni "influir en ellas".
Esta es la respuesta que ha dado el Ejecutivo al portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, y a la que ha tenido acceso Europa Press.
El pasado mes de enero el diputado de IU había planteado al Ejecutivo varias preguntas sobre por las quejas de funcionarios de la UDEF que acusaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de utilizar a "un comisario de su confianza ajeno a la estructura de esta sección para supervisar la evolución de todas sus investigaciones".
EL CICO EN LA UDEF
Ese comisario, según apuntaba Llamazares, es Luis Olivera, actual máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), un organismo que depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y que, por tanto, no tiene ninguna relación jerárquica con la Comisaría General de Policía Judicial en la que se ubica la UDEF.
Así, Llamazares quiso saber si es "cierto" que Olivera informa a Fernández Díaz de las investigaciones realizadas por esta unidad, "pese a no tener relación alguna con este organismo policial" y si esto es "una señal de desconfianza" en los informes que redacta esta unidad policial.
Tras mencionar que la UDEF ha investigado, por ejemplo, asuntos relativos a la supuesta financiación ilegal del PP, el caso Palau, o el ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo haber comprado en diciembre de 2012 en la Costa del Sol, el diputado preguntó al Gobierno si lo que pretende, a través del responsable del CICO, es "acceder a un conocimiento detallado de las investigaciones de la UDEF y, de este modo, tratar de influir en ellas, especialmente en las relacionadas con los casos Gürtel y Bárcenas".
Desde el Gobierno le han respondido con varias negativas. En primer lugar, el Ejecutivo recalca que "no ejerce control político alguno sobre la UDEF", después subraya que "no se trata de una señal de desconfianza en los informes propios de la UDEF" y, por último, asegura que "no pretende acceder a un conocimiento detallado de las investigaciones de la UDEF, ni influir en ellas".