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El Gobierno se niega a cuantificar el impacto de la independencia de Cataluña: "Es un futurible que no se va a producir"

Garantiza a UPyD que su "firmeza" y las leyes son "la única alternativa" a las transgresiones de la legalidad
El Gobierno no piensa perder un minuto en hacer estudios sobre el impacto económico que podría tener la posibilidad de una Cataluña independientes pues considera que es "un futurible que no se va a producir".
En una batería de respuestas a UPyD recogidas por Europa Press, el Gobierno asegura que su "firmeza" y las leyes son la "única alternativa" a las transgresiones de la legalidad que puedan cometerse desde el Gobierno catalán de los nacionalistas de CiU apoyados por los independentistas de Esquerra Republicana.
La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, preguntó en mayo, meses antes de la cadena independentista de la Diada del 11 de septiembre, si el Ejecutivo ha realizado "algún estudio sobre el impacto económico, político y social que supondría la independencia de Cataluña del resto de España".
HACER CUMPLIR LAS LEYES
En su respuesta, enviada este mes al Congreso, el Gobierno subraya su labor es "trabajar en defensa del interés general, con responsabilidad, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes". "Hacer hipótesis sobre la base de un futurible que no va a producirse escapa a los parámetros enunciados", sostiene.
Ante otra pregunta de Rosa Díez para saber qué hará el Gobierno si Cataluña optar por transgredir la Constitución siguiendo su hoja de ruta soberanista, el Ejecutivo replica que, "en un Estado de Derecho, la única alternativa a las transgresiones de las leyes son las leyes mismas y la firmeza del Gobierno en su compromiso con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, empezando por la Constitución".
SE IRÁ A LOS TRIBUNALES CUANDO PROCEDA
Respecto a las pretensiones de la Generalitat de desplegar una red de 'embajadas' en el extranjero, el Gobierno responde a la diputada de UPyD Irene Lozano que, aun cuando el diseño territorial del Estado otorga a las comunidades "relevantes competencias en materia de acción exterior", la Constitución otorga al Estado "una competencia de carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales".
"Siempre que se promuevan iniciativas que vayan en contra del interés general de la política exterior española, el Gobierno acudirá a los tribunales", garantiza a la diputada, recalcando que así se ha hecho con la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional "en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos tiempos".