Gobierno vasco reclamará la devolución de los gastos indebidos en el caso de Miguel, con encausados del PNV

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo reclamará "hasta el último céntimo de euro" si se acreditan "gastos indebidos" con perjuicio para las arcas públicas en el 'caso de Miguel', de supuesta corrupción en Álava, en el que están encausados excargos públicos del PNV.

El Ejecutivo, que está personado como acusación particular, ha pedido en su escrito de acusación, que los procesados abonen conjuntamente una multa de 221.779 euros en concepto de indemnización. Erkoreka ha precisado que el Gobierno vasco se ha limitado a "recoger la valoración que resulta de la instrucción llevada a cabo por el juez y del escrito de calificación provisional del ministerio público".

Preguntado por si el gabinete de Iñigo Urkullu no mantiene una "actitud cauta" con los procedimientos judiciales en los que están acusadas personas vinculadas al PNV, el representante del Ejecutivo lo ha negado "absolutamente".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Josu Erkoreka ha recordado que el Gobierno vasco está personado en esta causa desde el año 2010 como acusación particular, en concepto de perjudicado.

"Esto hace que el objetivo y la finalidad de su personación no sea el de salvaguardar en abstracto el conjunto de la legalidad, como puede ser la función del ministerio fiscal, como tampoco es la de perseguir todos los hechos presuntamente delictivos que puedan aflorar a lo largo y ancho de la causa", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que el objetivo de su personación "consiste en defender los intereses económicos del Gobierno, que hayan podido resultar quebrantados de un conjunto de actuaciones presuntamente delictivas".

Por ello, ha justificado que su escrito de calificación provisional "se centra en la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito que pueda constatarse", frente al total de 458 años de cárcel que ha pedido la Fiscalía para los 26 imputados.

Erkoreka ha insistido en que, "en la medida en la que, si a lo largo del pleito, de la tramitación del juicio, se constata la existencia de actuaciones delictivas de las que resulten daño o perjuicio patrimonial para la Hacienda general del País Vasco, el Gobierno exigirá hasta el último céntimo de euro".

El portavoz del Gobierno vasco ha reiterado que la labor de la acusación particular no es la de la Fiscalía, "que sí persigue objetivamente la defensa de la legalidad y todos los hechos presuntamente delictivos", sino que se trata de "reclamar, reivindicar y exigir todos los eventuales perjuicios económicos que puedan resultar de la instrucción y del desarrollo del juicio oral".

"No habrá ni un solo céntimo de euro del que pueda acreditarse a lo largo del juicio que se haya gastado en perjuicio de los intereses económicos y de la Hacienda General del País Vasco, no que vaya a ser objeto de reclamación y de exigencia hasta el final", ha aseverado.

LA INDEMNIZACIÓN

En cuanto a los 221.779 euros de multa que el Ejecutivo exige que los encausados paguen conjuntamente, ha explicado que se ha tomado como referencia el contenido del auto el juez de instrucción dictó de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

"Ahí se identificaban una serie de hechos presuntamente delictivos y se cuantificaban y el Gobierno ha realizado su cuantificación en función de lo que resulta de este auto del juez; cuantía que reproduce también el escrito de calificación provisional del ministerio publico", ha añadido.