El Gobierno defiende ahora "fortalecer" la Alianza de Civilizaciones como instrumento de diplomacia preventiva

El Gobierno del PP defiende ahora "fortalecer" la Alianza de Civilizaciones como foro de diálogo y entendimiento entre culturas, religiones e ideologías pues reconoce que esta iniciativa supone un "instrumento de diplomacia preventiva".

Así figura en la Estrategia de Acción Exterior que previsiblemente verá mañana el Consejo de Ministros y que posteriormente se remitirá a las Cortes con el objetivo de lograr un consenso con el resto de fuerzas políticas, pues el documento --que se ha redactado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación-- aspira a servir de guía a la hora de tomar decisiones en materia de política y acción exterior.

Lejos ha quedado el escepticismo que expresó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, respecto a esta iniciativa en su primera comparecencia parlamentaria en febrero de 2012 cuando anunció que España iba a "repensar" su contribución económica a la Alianza porque "no está la Magdalena para tafetanes".

Eso sí, en la misma comparecencia el ministro admitió que España no podía abandonar la iniciativa, que es hoy un proyecto de la ONU, porque entonces le dejaría "un terreno abonado" a Turquía, copatrocinadora junto a España de la Alianza y que compite con nuestro país por lograr un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Hoy por hoy, el ministro ha participado en varias ocasiones en los foros que la Alianza de Civilizaciones celebra de manera anual en sedes que van rotando por países.

El Gobierno justifica la elaboración de esta Estrategia --la primera de la democracia-- por los rápidos cambios que está experimentando el mundo pero también porque España ya ha cumplido los objetivos que han marcado su acción exterior en las últimas cuatro décadas, fundamentalmente su reencuentro con Europa e inserción plena en la comunidad internacional.

PARTICIPACIÓN EN MISIONES INTERNACIONALES

La Estrategia fija los principios básicos que han de guiar la participación de España en misiones internacionales militares, entre ellos la existencia de un consenso interno, que se considerará cuando exista una resolución de la ONU o de algún otra organismo internacional del que España forme parte; más un acuerdo del Consejo de Ministros y la autorización de las Cortes.

Establece como uno de los objetivos de la acción exterior de España la promoción de sistemas democráticos en el resto del mundo pero siempre evitando "injerencias". "Se trata esencialmente de apoyar con decisión la construcción de estos sistemas cuando ésa sea la opción de los ciudadanos en un determinado país", precisa.

La Estrategia propone toda una serie de medidas para construir una Europa más integrada y más legítima con el fin último de que la UE se configure "como una auténtica unión federal, no simplemente como una unión de estados soberanos".

Entre esas propuestas, apuesta por que el Banco Central Europeo asuma a medio plazo "el papel de prestamista de último recurso"; que el Mecanismo Europeo de Estabilidad evolucione hacia un "Fondo Monetario Europeo" y mutualizar la deuda pública "cuando se hayan corregido los excesos cometidos hasta ahora y se hayan establecido controles para impedir que se repitan".

También apuesta por "reforzar a corto plazo" las competencias del comisario europeo para cuestiones económicas y monetarias; ampliar el número de materias dentro del Consejo Europeo en las que se puedan tomar decisiones por mayoría cualificada y fusionar las responsabilidades del presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea en una persona.

A lo largo de 170 páginas, el documento expone cuáles son las prioridades de España en las distintas áreas geográficas de interés. A Marruecos se le describe como "socio imprescindible" en el Magreb con el que hay que seguir "tejiendo" una densa malla de relación e intereses cruzados que "amortigüen" los "irritantes ocasionales" que puedan surgir.

Sobre el contencioso del Sáhara Occidental se limita a reiterar la postura oficial de que España apoya una "solución justa, duradera y mutuamente aceptable" y que mantendrá su "compromiso de solidaridad con el pueblo saharaui", siendo su primer donante bilateral de ayuda humanitaria.

Con respecto a Cuba, reconoce que se trata de un tema "especialmente sensible" que en España que vive más como una cuestión de política interna que de política exterior y recuerda que la UE ha iniciado los contactos para intentar cerrar un acuerdo con Cuba que incluya una cláusula democrática.

En cuanto a Gibraltar, insiste en que el contencioso sobre la soberanía debe abordarse de forma bilateral entre España y Reino Unido y apuesta por un nuevo foro de diálogo para abordar asuntos de cooperación que afectan al día a día de los gibraltareños y los habitantes del Campo de Gibraltar, pero que cuente con la participación de representantes del Campo siempre que Gibraltar esté presente.