El Gobierno gastará más de 33 millones de euros en dos años en su plan de incorporar vigilantes privados a las prisiones

El Gobierno gastará 33 millones de euros entre 2014 y 2015 en su plan para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro exterior de las prisiones en sustitución de la Guardia Civil, según admite el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de IU, Ricardo Sixto.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo el acuerdo por el que "se autoriza al Ministerio del Interior la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes" del Departamento del ministro Fernández Díaz. El citado acuerdo incluye un expediente de contratación para cubrir 67 centros.

Según las explicaciones del Gobierno a IU, "las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas)". IU informa en un comunicado que, según los datos aportados en la contestación, el coste del contrato asciende a 33,3 millones de euros, distribuidos en las anualidades 2014 y 2015.

El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el perímetro exterior de 21 prisiones habría costado ya 7,3 millones de euros, según Sixto, quien realizó una batería de preguntas acerca de los "motivos por los que mantiene el Gobierno el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones", cuando ni en 2012 ni en 2013 fueron convocadas plazas de empleo público para el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

RECUERDA LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

En este sentido, Sixto preguntaba además "si considera el Gobierno necesario destinar 7,3 millones de euros para que la seguridad privada se haga cargo de la seguridad exterior de los Centros Penitenciarios", y "cómo justifica" ese gasto "destinado a financiar la primera fase del proyecto de implantación de la seguridad privada, en el marco de las políticas de austeridad que está aplicando en las administraciones públicas".

Según IU, el Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que el plan obedecía "tanto al principio de optimización de los recursos humanos y materiales asignados a la seguridad de las instalaciones públicas como a la conveniencia estratégica de concentrar el servicio prestado directamente por funcionarios policiales en aquellas funciones relacionadas con la seguridad de los centros penitenciarios para las que resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".

IU denuncia que la respuesta del Gobierno deja sin explicar otra de las cuestiones planteadas por Sixto acerca de "qué ahorro le ha supuesto la contratación de seguridad privada para el perímetro exterior de los centros penitenciarios".