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El Gobierno se ratifica en su negativa a ser controlado por el Congreso, que ya puede ir al TC

El Gobierno en funciones ha ratificado ante el Congreso su negativa a ser sometido a control parlamentario por parte de las Cámaras que surgieron de las elecciones del 20 de diciembre, con lo que se da un nuevo paso en el conflicto abierto entre ambas instituciones. Tras este trámite, el Congreso puede ya denunciar al Ejecutivo del PP ante el Tribunal Constitucional, que será quien siente criterio para el futuro.
Cuando el Pleno del Congreso acordó presentar un conflicto de atribuciones ante el TC por la actitud del Gobierno en funciones, dio un mes de plazo al Ejecutivo del PP para que reconsiderase su negativa a someterse a control parlamentario.
Ese plazo acaba este sábado y la víspera el Gobierno ha registrado en el Congreso un escrito de cuatro folios en el que rechaza el requerimiento del Congreso y se ratifica en su criterio de que "no se puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre éste y el Congreso".
UN GOBIERNO CESADO YA NO TIENE CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN POLÍTICA
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se subraya que un Gobierno "responde solidariamente" ante el Congreso que le ha dado su confianza mediante la investidura, como hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante las Cortes elegidas en 2011, pero no puede hacer lo mismo ante el actual Parlamento.
Además, recuerda que, con la celebración de elecciones en diciembre, el Gobierno pasó a estar en funciones y por tanto perdió su capacidad para fijar la orientación política, que precisamente es lo que pretende un Parlamento al controlar a un Ejecutivo.
Moncloa se lamenta de que, a pesar de no existir relación de confianza entre el Gobierno cesado y las Cortes elegidas en diciembre, el Congreso ha seguido intentando controlar al Gobierno e incluso llegó a incluir una sesión de control en el orden del día de un Pleno.
La "experiencia democrática", continúa Moncloa, indica que el Congreso ha tenido siempre como su prioridad la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno, pero en la recién terminada XI Legislatura, "el Congreso ha iniciado la actividad de control al Gobierno en funciones, antes de otorgar la confianza a un nuevo Gobierno".
Una recibido este escrito, el Congreso puede ya recurrir ante el Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto de atribución de competencias. El presidente de la Cámara, el socialista Patxi López, puede formalizar el recurso directamente, pues tiene ya el aval del Pleno del Congreso en la votación de hace un mes, pero es posible que primero discuta el asunto en la próxima reunión de la mesa de la Diputación Permanente, prevista para el próximo martes.
TRES EL RECURSO, SENTENCIA EN UN MÁXIMO DE DOS MESES
Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.
Durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado".
A lo largo de este proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas. Es decir, el proceso podría alargarse hasta el verano, pero se supone que deberá haber un pronunciamiento del TC para el primer periodo ordinario de sesiones de las Cortes que surjan de las elecciones del 26 de junio.