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El Gobierno aprueba un proyecto de ley para suprimir e integrar organismos públicos y simplificar trámites

En febrero dará una cifra del ahorro logrado con la reforma de las administraciones públicas, las medidas de la comisión CORA
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley de racionalización del sector público, necesario para suprimir e integrar organismos de la administración y aligerar su peso, y que también servirá para simplificar los trámites administrativos, lo que permitirá, por ejemplo, que haya una única licencia deportiva para todo el país o que el BOE sea el lugar en el que los ciudadanos consulten cualquier notificación pública que les afecte.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros de este viernes. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha conocido también el informe de ejecución de las medidas previstas para 2013 en el informe de la CORA, la comisión para racionalizar la administración española. Según ha dicho, el 20 por ciento de las mismas están finalizadas y el resto, ya en ejecución.
La vicepresidenta ha asegurado que en febrero, el Gobierno podrá cerrar el cálculo del ahorro que estas medidas están produciendo, una vez que conozca la ejecución presupuestaria el año pasado.
Santamaría ha repasado el amplio conjunto de leyes y reformas aprobadas a sugerencia del informe CORA y ha destacado las que han servido para reducir la administración y sus gastos, mejorar la unidad de mercado y erminar con las facturas en el cajón. Sobre este último apartado, ha subrayado la importancia de la ley contra la morosidad y el hecho de que el Estado haya bajadio de 37 a 35 días el plazo de pago a sus proveedores.
Hoy, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de racionalización del sector público porque es necesaria una ley para suprimir o aglutinar determinados órganos, ha explicado la vicepresidenta. Con esta norma, por ejemplo, se suprime la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y sus funciones pasan al Instituto Nacional de la Mujer, con funciones ampliadas (la dirección era ya común en esta legislatura); la Sociedad estatal España Expansión Exterior se integrará en el ICEX y el Instituto Nacional de Consumo se fusionará con la Agencia de seguridad alimentaria, entre otros cambios, pasando a llamarse Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Ante la existencia de dos órganos con competencias similares en materia de juventud, de fuerte presencia de las Comunidades Autónomas, como son el Consejo de la Juventud de España y el Instituto de la Juventud, se suprime el primero y el segundo tendrá las funciones que deben permanecer en la Administración. Sin embargo, se permite que el primero pueda continuar su actividad configurado como una entidad corporativa de base privada.
La norma servirá también para simplificar trámites administrativos, que permitirá por ejemplo la existencia de una licencia deportiva única para todo el país, o que el BOE sea el buzón al que dirigirse para consultar si un ciudadano está inmerso en cualquier procedimiento.
CUENTAS BANCARIAS Y TRIBUNAL DE CUENTAS
Se introducen mejoras normativas para evitar la proliferación de cuentas bancarias de titularidad de las distintas unidades de la administración del Estado, que hace que asciendan hoy a más de cuatro mil. Con la reforma operada se refuerza el control por el Tesoro, habilitando al ministro de Economía a que determine todas las condiciones de utilización de las cuentas de manera centralizada. Ello va a llevar a cabo un mejor control de los fondos, evitar su dispersión y obtener condiciones económicas homogéneas y más ventajosas.
También en el ámbito de la gestión de medios de la Administración General del Estado, se crea un registro de vehículos no integrados en el Parque Móvil, con el objeto de reforzar el control de los mismos y aplicarles medidas de gestión similares a las operadas en aquel organismo, que han comportado importantes ahorros.
Por otra parte, se habilitan cambios normativos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para permitir que dicho Tribunal, en las Comunidades Autónomas que no tuvieran establecido órgano de control externo propio, pueda establecer secciones territoriales para el cumplimiento de sus funciones.
El Proyecto de Ley modifica el régimen jurídico de los consorcios administrativos, regulando su disolución, con lo que se cubre una laguna que había hasta ahora impedido liquidar los que ya se consideraban innecesarios.