Los Godia están dispuestos a asumir responsabilidades por el presunto fraude

La heredera de los Godia y presidenta de la Fundación Godia Amor al Arte, Liliana Godia, y su marido, Manuel Torreblanca, están dispuestos a asumir "responsabilidades" en la causa en la que una juez les imputa 14 delitos contra la Hacienda Pública por valor de unos 5,7 millones de euros.

En declaraciones a los medios este martes a las puertas de la Ciudad de la Justicia después de la comparecencia en el juzgado, su abogado, José Ángel González Franco, ha insistido en que los Godia han mostrado su predisposición a colaborar y no tienen intención de "escurrir el bulto".

"Mis clientes tienen voluntad conciliadora, porque en su espíritu no está cometer ningún delito ni defraudar ni nada contra la normativa tributaria", ha reiterado el letrado, que ha anunciado haber entregado en el juzgado un escrito con su posición respecto al fraude del que se les acusa aunque no ha querido desvelar qué dice el texto.

Además, el abogado ha añadido que los Godia tienen "específicamente delegadas en terceros" la gestiones con la Agencia Tributaria.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, el matrimonio se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Barcelona para devolver la mayor parte del dinero presuntamente defraudado, aunque pretenden negociar detalles puntuales para que la cantidad sea la menor posible.

Manuel Torreblanca, Liliana Godia, y su primo Javier Amat, que estaban citados como imputados en el Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona, se han acogido a su derecho a no declarar y han entregado un escrito, han explicado fuentes judiciales.

La imputación de los tres familiares parte de una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona que sostiene que entre 2001 y 2011 se sirvieron de varias sociedades interpuestas para hacer una "burla sistemática" de sus obligaciones con Hacienda.

Estas sociedades pagaban los "gastos estrictamente personales y familiares" de Liliana Godia, que evitaba pagar el IRPF y sus empresas podían supuestamente pagar menos de los que les correspondía por el impuesto de Sociedades e Iva.

La Fiscalía también cree que en sus declaraciones ocultaron tener cuentas en Suiza y que omitió en las declaraciones de la renta obras de arte de su vivienda con un valor de 6,8 millones de euros.