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El Govern catalán trabajará en las leyes soberanistas aunque se impugnen: "Ni un paso atrás"

Asegura que "no hay margen" para que el TC falle contra las ponencias y Exteriores
La consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, ha afirmado este jueves que el Govern colaborará con el impulso de la tres leyes soberanistas que JxSí y la CUP quieren desarrollar en el Parlament, aunque sean impugnadas y eventualmente anuladas por el TC: "No habrá ni un paso atrás".
En rueda de prensa para explicar la reunión que han mantenido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, la consellera ha acusado a los populares y al Gobierno central de "judicializar cada paso" del proceso soberanista.
Para Munté, las tres ponencias que quieren formar los soberanistas son plenamente legales porque atañen a competencias de la Generalitat, y la Generalitat será firme en este desarrollo legislativo: "El Govern no renuncia en ningún caso a su hoja de ruta".
El Govern defiende que las tres ponencias --sobre administración tributaria, protección social y régimen jurídico catalán-- y también la Conselleria de Exteriores son legales, porque son funciones que tiene asignadas la Generalitat.
"No hay margen jurídico para tumbarlas", considera el Govern, que ya dijo lo mismo de la comisión de estudio del Parlament sobre Proceso Constituyente, aunque eso no impidió que el Ejecutivo central lo llevara al Alto Tribunal.
"No podemos pensar que estas ponencias y tramitación de leyes puedan ser suspendidas. Entendemos que forma parte del normal y soberano ejercicio del Parlament. Esto tiene todo el apoyo del Govern", según la consellera.
CONSELLERIA DE EXTERIORES
Munté ha hablado específicamente de la Conselleria de Exteriores para afirmar que sus funciones están recogidas en el Estatut y que, por tanto, el Govern está "absolutamente convencido de la legalidad del departamento" de Raül Romeva.
Está convencida de que el Govern puede seguir avanzando en su hoja de ruta soberanista porque, no sólo emana de la resolución soberanista que anuló el TC, sino también del "mandato democrático" de las elecciones catalanas.